Como ha advertido el propio Fiscal Anticorrupción, la modificación del delito de malversación es «un paso atrás en la lucha contra la corrupción».
No nos cabe duda alguna de que, cuando los emisarios de Zapatero adquirieron a finales de 2006 el nauseabundo compromiso de derogar la llamada «doctrina Parot», bien mediante un cambio legislativo, tal y como Gómez Benitez propuso a los etarras, bien mediante una posición favorable a la derogación ante el Tribunal de Estrasburgo, como la que finalmente mantuvo el magistrado y exsecretario de Estado de Zapatero Luis López Guerra, ni los etarras ni los emisarios de aquel infausto gobierno estaban pensando en favorecer con ello la excarcelación de violadores sino de los miembros de la banda terrorista encarcelados. Con la llegada en 2013 de la sentencia de Estrasburgo, se cuestionó la aplicación de dicha doctrina en la condena a la etarra Inés del Río, y que fue utilizada para invalidar todas las sentencias que se habían basado en aquella encomiable doctrina, no sólo los etarras, sino también otros asesinos, violadores en serie y otros condenados a más de 30 años de condena se vieron favorecidos e incluso pudieron salir a la calle.
Pues bien. Algo parecido, salvando las distancias, puede pasar con el compromiso adquirido por el gobierno de Sánchez con los golpistas de ERC respecto a la modificación del delito de malversación y su rebaja de pena para los casos en que el dinero publico desviado no esté destinado a satisfacer ningún lucro personal. Es evidente que separatistas y socialistas, con esta modificación legislativa, no están pensando en favorecer penalmente más que a los sediciosos que utilizaron —y están dispuestos a volver a utilizar— el dinero del contribuyente para su ilegal proceso de independencia; sin embargo, nada impedirá que de este bochornoso compromiso legislativo entre separatistas y socialistas también se beneficien todos los políticos delincuentes que «distrajeron» fondos públicos, no para su enriquecimiento personal, sino «a un fin distinto al legalmente previsto», tal y como son también los casos de corrupción, no sólo de Griñán —o incluso presuntamente al propio Sánchez— sino también de otros que afectan al PP como el caso Kitchen o el caso Lezo.
Así lo han advertido fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que han alertado de la cascada de revisiones a la baja de las penas por corrupción que les espera. Y asi lo ha advertido también publicamente y con mayor contundencia el propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien ha reclamado este miércoles a los poderes públicos que «no den un paso atrás en la lucha contra la corrupción».
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No menos contundente ha sido el Tribunal Supremo respecto a la multitud de revisiones a la baja de condenas y excarcelaciones de violadores que ya ha provocado y sigue provocando inexorablemente ese otro bochornoso compromiso legislativo adquirido por Sánchez con sus socios comunistas como es la «Ley del sólo sí es sí». Ya podrá la iletrada de Irene Montero o el nihilista de Sanchez asegurar que no ha sido intención suya la rebaja de condenas, pero este es precisamente el efecto que ha tenido ese bodrio legislativo que, entre otras aberraciones jurídicas, niega la distinción entre abuso y agresión sexual. Y es que como ha advertido el Supremo, los Tribunales estan obligados y no pueden hacer otra cosa que aplicar la legislación más favorable al reo y esa es precisamente la que han aprobado los socialistas y sus socios de gobierno.
Finalmente, cabe destacar y elogiar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que a toda prisa ha presentado el Partido Popular para que el Tribunal de Garantías se pronuncie antes de que se debata la proposición de Ley de PSOE y Podemos con la que el gobierno quiere hacerse con el control del Poder Judicial mediante un artero cambio en la Ley Organica del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.
