El rey emérito Juan Carlos I ha dado un giro inesperado a su habitual silencio público iniciando acciones judiciales contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla por lo que considera una vulneración grave de su derecho al honor. El movimiento, inédito desde su retirada de la vida institucional en 2020, ha sido confirmado a través de un comunicado emitido por su abogada, Guadalupe Sánchez, en el que se detallan las razones y los pasos que se seguirán en este proceso.
Según la defensa del monarca, las manifestaciones de Revilla vertidas entre mayo de 2022 y enero de 2025 en diversos medios de comunicación constituyen «expresiones calumniosas, injuriosas y difamantes» que habrían traspasado los límites de la libertad de expresión, adentrándose en el terreno de la lesión del honor, tal como establece el artículo 18.1 de la Constitución Española.
Una ofensiva judicial sin precedentes en la etapa post-regia
El acto de conciliación solicitado por el rey emérito se considera un paso previo obligatorio antes de presentar una demanda formal en los tribunales. Tendrá lugar en los juzgados de Santander, donde se pretende ofrecer a Revilla la posibilidad de rectificar públicamente sus declaraciones. Esta rectificación deberá realizarse en los mismos medios en los que se vertieron las palabras que se consideran ofensivas.
En paralelo, Don Juan Carlos reclama una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales, una cantidad que, según ha precisado su abogada, será donada íntegramente a Cáritas España. La elección de esta entidad, dedicada a la acción social desde la Iglesia católica, añade una dimensión solidaria al litigio, que por primera vez coloca al rey emérito como protagonista activo de una batalla legal por su reputación.
¿Qué dijo Revilla? El contexto de las declaraciones controvertidas
Aunque el comunicado no detalla exactamente qué declaraciones han motivado esta acción, el expresidente cántabro ha sido, en los últimos años, uno de los críticos más constantes de la figura de Juan Carlos I. En diversos programas televisivos y entrevistas, Revilla ha opinado sin tapujos sobre los escándalos financieros, el exilio en Abu Dabi y la gestión del legado del monarca emérito, generando tanto reacciones de apoyo como de rechazo.
Estas intervenciones públicas, caracterizadas en ocasiones por su tono irónico y directo, parecen haber colmado la paciencia del exjefe del Estado, que opta por defender judicialmente su derecho al honor en un momento en que la opinión pública mantiene posiciones divididas sobre su figura.
La Zarzuela se desmarca: una cruzada individual
Desde la Casa Real, sin embargo, se ha dejado claro que esta actuación no cuenta con el respaldo institucional. Se trata, según fuentes próximas a la Zarzuela, de una decisión individual y privada de Don Juan Carlos, tomada fuera del ámbito de la actual jefatura del Estado, que lidera el rey Felipe VI.
Este distanciamiento simbólico refuerza la idea de que el emérito libra una batalla personal por recuperar parte del prestigio erosionado durante los últimos años, en los que sus vínculos con fundaciones offshore y su marcha al extranjero han abierto un intenso debate político y social.
Rectificación o juicio: el horizonte legal
La abogada Guadalupe Sánchez insiste en que el objetivo principal de su cliente no es el litigio, sino la reparación pública del daño causado. “Don Juan Carlos prefiere una solución conciliadora”, afirma el escrito, pero no descarta acudir a los tribunales si Revilla no accede a la petición de rectificación.
De consumarse la demanda, se abriría un proceso que pondría bajo el foco mediático tanto al exmonarca como al expresidente cántabro, en un escenario donde se confrontan libertad de expresión y derecho al honor, dos pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho.
El debate de fondo: crítica política o daño al honor
Este caso podría sentar precedente jurídico sobre los límites del discurso político, sobre todo cuando se dirigen contra figuras públicas que, como Don Juan Carlos, han estado sometidas a un largo escrutinio social e institucional.
Desde el ámbito político, la izquierda ha defendido históricamente la legitimidad de cuestionar figuras vinculadas a la monarquía, mientras que sectores conservadores aplauden este movimiento del emérito como un acto de dignidad y defensa personal.
Por ahora, todos los ojos están puestos en si Miguel Ángel Revilla acepta o no el acto de conciliación propuesto. Su decisión determinará si esta confrontación se zanja con un gesto público o desemboca en una disputa judicial de alto perfil.
