Después de 98 días de negociaciones, las fuerzas políticas pactaron impulsar la redacción de una Carta Magna

 

Tras 98 días de negociaciones entre buena parte de las fuerzas políticas y movimientos sociales, Chile se dará la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. El llamado “Acuerdo por Chile” es la consecuencia del rechazo a la nueva Carta Magna en la consulta popular del pasado mes de septiembre. Desde la izquierda a la derecha tradicional han acordado un mecanismo diferente al de la Asamblea que, en 2021, intentó remover la matriz institucional heredada de la dictadura (1973-90). A diferencia de aquella experiencia, el camino que se recorrerá desde enero, cuando se instale una Comisión Experta, será mucho más limitado y el fruto de la fortaleza que adquirió la derecha al resultar ganadora en el referendo de cuatro meses atrás.

El presidente Gabriel Boric también ha resultado en un punto favorecido por este entendimiento. “Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia de esas libertades y derechos sociales. Chile no puede seguir esperando”, dijo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó también su satisfacción. “Genera una esperanza enorme. Los términos técnicos que se incluyen van a permitir el diálogo, que es finalmente lo que buscamos al construir”.

El diputado socialdemócrata Raúl Soto, quien tuvo un papel importante durante las negociaciones, sostuvo que el acuerdo permitirá “combatir el populismo y el autoritarismo que son males que están a la vuelta de la esquina en nuestro país”. A su criterio, “la izquierda, el centro y la derecha han tomado conciencia de ese riesgo y juntos hemos decidido defender nuestra democracia para darle más institucionalidad al país”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó que las negociaciones han buscado acortar el proceso sobre la base de “reglas del juego bien establecidas“. Lo importante, añadió, “es que vamos a tener una Constitución que será capaz de representar mejor a los chilenos, que será capaz de reconocer algunos de los cambios no solo de Chile, y eso nos va a poner en un mejor lugar para mirar hacia el futuro”.

Un nuevo mecanismo

En virtud de las nuevas relaciones de fuerza, el futuro texto fundamental será elaborado por un órgano compuesto por 50 consejeros constituyentes que serán elegidos por medio del voto popular en abril próximo y otro grupo de 24 expertos, sin derecho a votar los contenidos. El Consejo Constitucional se instalará el 21 de mayo y debe entregar el proyecto el 21 de octubre para ser validado un mes más tarde en las urnas.

La nueva Carta Magna partirá de algunas certezas compartidas que han sido remarcadas en el acuerdo: “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas”. Su primer punto subraya que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”. Las bases constitucionales deben elaborarse a su vez sobre el reconocimiento de los pueblos originarios como parte de la nación chilena, “que es única e indivisible”.

El Consejo Constitucional será paritario y contempla escaños para representantes de los pueblos originarios. Los artículos del texto serán aprobados ” por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum”.

Cambio de escenario

La decisión de redactar una Carta Magna que reemplace a la que se escribió en 1980 a imagen y semejanza del dictador Augusto Pinochet fue consecuencia del estallido social de octubre de 2019. De ese modo se intentó encauzar el malestar que se había manifestado en las calles. Al calor de las protestas se eligieron los convencionales. La Asamblea tuvo un claro predominio de la izquierda y una vocación de redactar un texto marcadamente ecologista y con perspectiva de género.

Las fuerzas conservadoras carecieron de poder de veto y se lanzaron a desprestigiar por completo el trabajo de la Convención. La consulta popular de septiembre tuvo lugar en medio de esas disputas. Los ganadores de esa elección, en especial la derecha tradicional, pudieron imponer condiciones para reencauzar el camino de la elaboración de otra Carta Magna. La ultraderecha, liderada por José Antonio Kast, había jugado un papel importante en el rechazo del texto redactado por la Convención. Frente al nuevo escenario, ha decidido quedarse sola en defensa de la Constitución de Pinochet.