Una semana le ha durado a Vox el apoyo al ingreso mínimo vital. El partido de Santiago Abascal vuelve a rectificar de posición y se coloca de nuevo en contra de la medida que aprobó el Gobierno el pasado viernes. Su justificación para rechazarlo es que esta renta «cronifica» la pobreza pero también lo ha vinculado por primera vez a una posible llegada de inmigrantes irregulares para cobrar la prestación asegurando que desata un «efecto llamada a gritos».
En una rueda de prensa tras la reunión de la cúpula, el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado que una vez que han podido estudiar el proyecto definitivo del Gobierno la conclusión del partido es rechazarlo, entre otras razones, porque la renta mínima tiene una vocación de permanencia en el tiempo, en lugar de ser una medida «extraordinaria» o «temporal» y circunscrita solo la actual crisis.
Esto, a su juicio, supone «cronificar la pobreza y la vulnerabilidad de los españoles». «La auténtica justicia social», ha señalado Buxadé, «es crear empleo y permitir a los españoles trabajar y recuperar su vida». Además, ha criticado que no vaya «condicionada absolutamente a nada».
Pero si en algo ha puesto Vox el foco para lanzar sus críticas sobre el ingreso mínimo es vinculándolo con una posible llegada de inmigrantes irregulares a España para cobrar la prestación. Además, Buxadé ha incidido en el discurso de que las ayudas sociales acaban en manos de los extranjeros en lugar de los españoles, destacando que el Gobierno trata a los millones de desempleados y a los cientos miles de autónomos en problemas «en peor condición que aquellos extranjeros que puedan entrar ilegalmente».
LAS ALEGACIONES DE VOX
Sin embargo, la ley aprobada por el Gobierno establece que para acceder al ingreso mínimo vital hay que tener una residencia legal y efectiva en España de un año como mínimo para poder presentar la solicitud de acceso a la ayuda. Entre las contadas excepciones se incluye a las personas que sean «víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual». Que, en todo caso, necesitarán acreditar esta condición «a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales».
Pese a ser una de las excepciones, Vox se acoge a ella para alertar de que el ingreso mínimo vital «abre una espita a la utilización ilegal por parte de las mafias» para traer a más personas al país. «El Gobierno está alimentando la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España para beneficiarse de esta renta mínima vital», ha advertido Buxadé.
Para justificarse, Vox ha mostrado un vídeo en el que ha recopilado a personas de apariencia musulmana hablando de la renta mínima en las redes sociales, diciendo que es un ejemplo que acredita que ya se está produciendo un «efecto llamada a gritos», dado que «quien sea víctima de trata de seres humanos accede al ingreso mínimo vital». En este sentido, Buxadé ha subrayado que quien entre de forma ilegal como consecuencia de que «no actuamos contra las mafias de trata» se va a «beneficiar» de esta situación.
«CARTILLA DE RACIONAMIENTO»
Después de haber hecho duras críticas sobre el ingreso mínimo, tachándolo de «auténtica broma» o de «paguita», Vox abrió la pasada semana la puerta a apoyarlo dadas las actuales circunstancias. Dijo exactamente «no estar en contra». Sin embargo, la posición definitiva será rechazarlo precisamente por su carácter «permanente» en el tiempo, lo que la convierta a su juicio en una «cartilla de racionamiento» que «cronifica la pobreza».
«No queremos que mantengamos a los españoles en una situación de necesidad, sino que queremos medidas adecuadas para que puedan trabajar», ha remarcado Buxadé, que ha negado que haya habido una rectificación por parte de Vox en relación a este tema, sino que lo ha presentado como una conclusión analítica del proyecto definitivo, donde después de los «rumores» se ha podido comprobar las condiciones y las particularidades de esta renta.
La letra pequeña permitirá la gestión de esta renta mínima al País Vasco y Navarra. Algo que Vox también ha criticado con dureza al señalar que convierte a este ingreso en «absolutamente antinacional» porque permitirá que la administración autonómica ahonde en las «distinciones» entre regiones.
LAS DUDAS DEL PP
Por su parte, el PP no termina de aclarar el sentido de su voto. Jaime de Olano, vicesecretario de participación del PP, ha asegurado este lunes en Los Desayunos de TVE que su partido votará a favor de la convalidación del decreto-ley por el que se regula el ingreso mínimo vital. «Estamos a favor si se vincula a la búsqueda de trabajo. Votaremos que sí, pero exigimos que se gestione de la mejor manera posible y la mejor manera es que lo hagan las comunidades», ha dicho.
Sin embargo, fuentes de Génova han señalado que el voto se está «estudiando» aún, pero que no será un «no» en ningún caso: o abstención o a favor. «Se aprovecha el estado de alarma para negociar cosas que no tienen nada que ver con la salud pública, como pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral que ha permitido generar empleo», ha afeado De Olano.
CIUDADANOS, A FAVOR LA RENTA MÍNIMA
Por su parte, el dirigente de CiudadanosEdmundo Bal ha calificado este lunes de «absolutamente necesario» el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno y ha pedido que se tramite como proyecto de ley para introducir mejoras en la tramitación parlamentaria.
«La renta mínima es una de las cosas que sirven a Sánchez para negociar con algunas comunidades. Estamos a favor de que exista una renta mínima y que la gestionen las comunidades, pero no estamos a favor de que existan españoles de primera y españoles de segunda», ha rematado.
Cs cree que el proyecto del Gobierno tiene «importantes carencias» y ha defendido que es necesario que exista una coordinación con las comunidades y los ayuntamientos, que todos los españoles tengan derecho a ese ingreso en situación de igualdad y que esté enfocado para conseguir un empleo. Todas estas cuestiones las plantearía después la formación que preside Inés Arrimadas durante su tramitación en el Congreso.
PODEMOS PIDE AMPLIARLO A LA POBLACIÓN MIGRANTE
El rechazo tajante de Vox al Ingreso Mínimo Vital se produce coincidiendo con la defensa que ha hecho el diputado de Unidas Podemos y primer secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, de su ampliación a la población migrante para la que ha pedido la regularización.
Así lo ha expuesto en el grupo de trabajo Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción. Pisarello se ha referido a las revueltas que vive EEUU tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco y a las voces reclamando justicia que se han elevado en la sociedad norteamericana para señalar que en Europa «también se ha segado la respiración de miles de personas que huían de la barbarie y del horror convirtiendo el Mediterráneo en una tumba».
En su opinión, la «única forma» que tienen los europeos de mostrar solidaridad es «rebelándose contra el virus del colonialismo». En consecuencia, ha reclamado el cierre definitivo de los CIE que son, ha dicho, «espacios de arbitrariedad en los que a menudo se vulneran derechos humanos básicos», y la extensión de las medidas del «escudo social» planteado para superar los efectos de la pandemia, en especial el Ingreso Mínimo Vital, para que «lleguen también a la población migrante que vive entre nosotros».
«Si Europa quiere llegar a ser una comunidad solidaria debe cuidar a quienes nos cuidan, a quienes nos alimentan a quienes viven entre nosotros muchas veces, como vemos en las zonas agrícolas, en condiciones de precariedad y de explotación. Y eso quiere decir avanzar en la regularización que otorgue derechos ya», ha defendido.
Pisarello ha abogado por que la regularización de las personas migrantes no sea sólo una cuestión utilitaria sino de derechos «basada», ha dicho, «en la necesidad de que Europa sea un ejemplo para el mundo en la construcción de una ciudadanía de residencia» siguiendo el principio establecido «en la Constitución francesa de 1793«, según el cual, «en materia de derechos y libertades, las personas que residen en un país, que trabajan para el bien común, son de eses país y deben ser tenidas en cuenta como tales.