La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja su acusación contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero de un delito inicial de rebelión a uno de sedición por el que pide una condena de 10 años de prisión. Incluso, plantea como alternativa una condena por desobediencia, delito que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional tenía ya ultimadas sus conclusiones finales para este juicio. Su presentación estaba prevista para el lunes 16 de marzo, pero dos días antes el Gobierno decretó el estado de alarma y la vista se suspendió. Hasta ese momento, el Ministerio Público había mantenido la acusación por rebelión contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, pero a la vista de la marcha del juicio estaba descartado que la mantuviera.
Pesaba que el Tribunal Supremo hubiera condenado unos meses antes por sedición y no por rebelión a los responsables políticos del ‘procés’. Pero, además, la marcha del juicio y los testimonios de los testigos había desinflado de manera notable los argumentos de la acusación. Previsiblemente, la Fiscalía iba a rebajar su calificación al delito de sedición, con condena alternativa por desobediencia, que está penada con inhabilitación y no con pena de prisión, como segunda opción.
Trapero admite que algunos mossos hicieron menos de lo que tocaba el 1-O por ideología
El Ministerio Público acusaba a Trapero de un delito de rebelión y pedía para él 11 años de cárcel por los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en las puertas de la Consellería de Economía de la Generalitat y por su presunta contribución a la celebración del referéndum del 1-O.
Igual pena pedía para el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig. En el caso de la intendente Laplana, rebajaba su acusación a sedición por lo ocurrido el 20 de septiembre y pedía cuatro años de prisión.
Aunque la rebaja de la calificación a sedición ya estaba descontada, que la Fiscalía ofreciese una condena alternativa sólo por desobediencia no estaba en el guión a principios de año.
El Ministerio Público entiende que los cambios propiciados por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el departamento de Interior y el ascenso a mayor de Trapero formaban parte de una estrategia para asegurarse la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según esa argumentación, cada uno de los acusados desempeñaba un papel concreto en esa estructura. Así, Puig «alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso»; Soler «daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum», y Trapero «diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d’Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas».
Los testimonios de De los Cobos y Baena
Durante el juicio, los dos testigos más contundentes y críticos respecto a la actuación de Trapero fueron el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que coordinó el operativo policial para impedir el 1-O, y el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, como investigador principal del ‘procés’.
Pérez de los Cobos afirmó que el mayor estaba claramente «alineado» con Puigdemont para lograr que la votación se llevara a cabo y su subordinado insistió en que la función de Trapero durante el ‘procés’ fue «garantizar el buen fin» del referéndum. Sin embargo, cuando llegó el turno del interrogatorio de la abogada Olga Tubau, que representa al mayor, ambos tuvieron que admitir que no había documento alguno que avalara sus afirmaciones de connivencia y que se basaban en «percepciones» para sacar conclusiones.
Pero además, dos de los testigos propuestos por la Fiscalía, uno de ellos el número dos de Baena, acabó afirmando que el jefe de los Mossos «en ningún momento dijo de modo explícito que estaba de acuerdo» con el ‘procés’. Esta tesis también fue avalada por los testigos de la defensa, entre ellos la cúpula de la policía autonómica en la fecha de los sucesos.