La «motosierra» también alcanza al Gobierno: un ajuste sin excepciones
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, la política de ajuste del gasto público ha sido una de sus principales banderas. Representada simbólicamente por la famosa «motosierra», esta estrategia no ha hecho distinción alguna entre niveles del Estado o sectores sociales. Pero lo que empieza a destacar ahora es la aplicación de estos recortes dentro del propio Gobierno, afectando ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales.
La reestructuración interna del Estado argentino está siendo comandada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien lidera una ofensiva administrativa centrada en eliminar estructuras superfluas, reducir personal y fusionar áreas con funciones redundantes.
Organismos eliminados y estructura ministerial en revisión
Eliminación de instituciones emblemáticas
Entre los entes ya disueltos se encuentran:
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- ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento)
- INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
- CONAMI (Comisión Nacional del Microcrédito)
Estas decisiones reflejan el criterio libertario del Ejecutivo: reducir el rol del Estado a sus funciones mínimas e imprescindibles.
Reducción y fusión de secretarías
En línea con esta política, el gobierno de Milei planea eliminar o fusionar secretarías y subsecretarías en los próximos 30 días, según han informado fuentes oficiales. El objetivo es que cada área del Estado se alinee con los principios del modelo liberal-libertario, evaluando si su existencia está justificada dentro del nuevo paradigma de gobernanza.
Un ejemplo concreto es la posible desaparición de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, organismo que no encajaría dentro de la visión de que el Estado nacional no debe construir viviendas, como ha señalado el propio Sturzenegger en reuniones de gabinete.
Recortes de personal: una poda masiva de la administración pública
Uno de los pilares del ajuste consiste en la reducción significativa de la planta estatal. Sturzenegger ha enviado sugerencias a todos los ministerios para que reduzcan en promedio un 30% sus estructuras administrativas. Aunque no hay cifras oficiales cerradas, se espera que la dinámica implementada en 2024 continúe a lo largo de 2025.
El caso del Ministerio de Capital Humano
Este ministerio, que engloba Trabajo, Desarrollo Social y Educación, es uno de los principales focos del ajuste. Con más de 14.000 empleados en una estructura que acumula más del 30% del total de la administración central, ya se proyecta la baja de al menos 2.000 empleados. Esta poda responde tanto a criterios de eficiencia como a una redefinición de las funciones estatales.
La Agencia ARCA y la reducción estructural
Otro organismo en pleno proceso de transformación es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con una plantilla que supera los 20.000 empleados, se espera una reducción de entre 1.700 y 1.800 puestos de trabajo, mediante un esquema combinado de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
El plan apunta a mantener una dotación inferior a los 20.000 trabajadores, considerando que la automatización y la digitalización permiten una gestión más eficiente con menos recursos humanos.
Cierre de empresas estatales y descentralización
Además de los recortes administrativos, se prevé el cierre de empresas públicas que no se consideran estratégicas. Un caso ilustrativo es el de COVIARA (Construcción de Vivienda para la Armada), dependiente del Ministerio de Defensa, cuya desaparición será anunciada por el ministro Luis Petri.
Esta medida refleja la política de Milei de quitar al Estado funciones que, según su doctrina, deberían estar en manos del sector privado, como la producción de viviendas o el desarrollo de infraestructura no vinculada a la seguridad nacional.
Justificaciones ideológicas y operativas del ajuste
Según voceros del entorno de Sturzenegger, el Estado argentino acumuló durante décadas «excesos, duplicaciones y programas millonarios mal gestionados». Se estima que durante 2024 se eliminaron más de 200 áreas de gobierno, entre direcciones nacionales, coordinaciones, secretarías y subsecretarías.
El argumento central es que el tamaño del Estado ha crecido de forma insostenible, generando un gasto fiscal que recaía directamente en los ciudadanos a través de impuestos, inflación o endeudamiento. En cambio, el nuevo esquema busca que el gobierno se limite a las funciones esenciales, como defensa, seguridad y justicia.
Implicaciones políticas y sociales del plan de desregulación
La política de ajuste profundo emprendida por Milei ha sido objeto de debate dentro y fuera del país. Mientras sectores liberales aplauden la coherencia doctrinaria del Ejecutivo, otros advierten sobre el impacto social y laboral de estos recortes.
Organizaciones sindicales y grupos de la sociedad civil han expresado preocupación por los despidos masivos, especialmente en áreas sensibles como educación, salud o asistencia social. Sin embargo, el gobierno ha reiterado que el objetivo es sanear las cuentas públicas y evitar que «el contribuyente siga financiando estructuras ineficientes y clientelares».
Un Estado más pequeño, pero más enfocado
El enfoque del gobierno de Javier Milei se resume en una transformación estructural del aparato estatal argentino. Lejos de medidas aisladas, se trata de una reforma de gran escala que busca redefinir qué debe hacer y qué no debe hacer el Estado. La intención es clara: reducir al máximo la burocracia, eliminar gastos improductivos y alinear la estructura estatal con los valores del liberalismo económico.
