El Gobierno aprobó el pasado enero el bono joven para el alquiler de 250 euros. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presumió de la medida serviría para evitar que la vivienda fuera un obstáculo a la emancipación de jóvenes de hasta 35 años.
Sin embargo, la Agencia Negociadora del Alquiler ha advertido en un comunicado que el bono joven puede llegar a ser una «trampa para muchos propietarios y un calvario para los inquilinos» dadas las características de esta ayuda. Su director, José Ramón Zurdo, ha declarado que «la duración de un arrendamiento de vivienda puede llegar a los cinco años y la ayuda del bono joven termina a los dos» por lo que prevé dos posibles escenarios perjudiciales: «por un lado, la ruptura del contrato, donde el inquilino se marcha porque no puede seguir pagando el alquiler, que sería el mejor supuesto; y por otro lado, que no se marche y se produzcan impagos porque el inquilino no pueda seguir pagando la renta, al tener 250€ menos al mes».
ANA avisa a los jóvenes que acepten la ayuda de que, a partir de los dos años, la caducidad del bono se traducirá en un aumento de 250 euros del coste de su vivienda y, por otro lado, recomienda a los propietarios que estudien la solvencia de sus inquilinos «no solo para los dos primeros años, sino fundamentalmente para los 3 últimos». Aconsejan no aceptar operaciones de alquiler donde la renta a pagar suponga más del 35% de los ingresos de los arrendatarios.
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Zurdo pronostica una probable subida de la morosidad a partir del segundo año. Es posible que «aumente de forma considerable el riesgo de impago para los arrendadores que hubieran basado sus criterios de selección únicamente en estas ayudas percibidas por los inquilinos».
Estos perjuicios se suman a la lista de inconvenientes que el bono joven lleva arrastrando desde que el Gobierno anunció su intención de ponerlo en marcha. Y es que, el 38% de los beneficiarios pagarán más impuestos en el IRPF. Además, tampoco se puede obviar la evidencia de que subvencionar el alquiler con instrumentos asistencialistas de esta naturaleza provoca que sean los propietarios los que absorban hasta el 80% del subsidio, en forma de subidas de precios. Como es lógico, si el casero es consciente de que sus inquilinos cuentan con ese regalo extra del Estado, no dudarán en trasladar la cuantía directamente a las rentas.
