Dos agentes de la Policía Local de Marbella han sido puestos en custodia preventiva, acusados de agredir sexualmente a dos jóvenes sudamericanas que están en España de manera ilegal. Los oficiales también son investigados por soborno, actividades prohibidas a funcionarios públicos y violación de la privacidad, de acuerdo a fuentes confirmadas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Detenciones tras denuncias de agresión
Los oficiales fueron detenidos el sábado pasado, después de que la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Marbella iniciara una investigación en respuesta a las denuncias presentadas por las jóvenes el 31 de julio. Según informaron fuentes policiales a EFE, las agresiones ocurrieron el 12 de ese mes.
Las jóvenes alegaron que dos agentes de la policía local, quienes estaban patrullando en civil, les pidieron sus documentos de identificación. Posteriormente, las condujeron a un lugar aislado donde las sometieron a agresiones sexuales.
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Pruebas significativas
El periódico local Diario SUR informó el lunes que un audio proporcionado por las mujeres se ha convertido en una pieza clave en la investigación. Una de las jóvenes logró activar la grabadora de su teléfono móvil durante el incidente, registrando todas las conversaciones mantenidas con los oficiales.
Las jóvenes sostienen que se sintieron obligadas a participar en los actos sexuales bajo la amenaza de ser denunciadas por su situación ilegal en España. Por otro lado, los oficiales sostienen que las relaciones sexuales fueron consensuadas.
Consecuencias legales para los agentes de policía
Después de ser interrogados el sábado en la Comisaría de la Policía Nacional en Marbella, los agentes fueron puestos a disposición judicial por su presunta responsabilidad en los delitos de agresión sexual y delitos contra la administración pública.
Posteriormente, el mismo día, el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, en funciones de guardia, decidió su encarcelamiento provisional, comunicado y sin opción a fianza. Los cargos incluyen agresión sexual, soborno, actividades prohibidas a funcionarios públicos y violación de la privacidad.
