La Fiscalía General del Estado atraviesa la mayor crisis institucional de su historia democrática, según ha señalado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. En una entrevista concedida a La Trinchera de Llamas en esRadio, Dexeus no escatimó en críticas hacia el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra imputado por el Tribunal Supremo y ha decidido mantenerse en su cargo, desatando un conflicto sin precedentes.
«La crisis más grave en la historia de la Fiscalía»
Para Dexeus, la situación es insostenible y representa un punto de quiebre en la credibilidad de la institución. «Es la más grave por la que atraviesa la institución. Hay sentimientos de desolación», declaró, subrayando que la negativa de García Ortiz a dimitir, pese a las numerosas solicitudes formales desde septiembre, ha exacerbado la tensión. La Asociación de Fiscales ha presentado escritos razonados exigiendo su renuncia, pero no han recibido respuesta satisfactoria.
«Hemos solicitado, exigido y rogado su dimisión. Sin embargo, no ha hecho caso alguno. Es una situación gravísima, plagada de hitos impensables que vamos a tardar en superar», lamentó Dexeus.
Denuncias sobre la gestión de García Ortiz
La presidenta de la Asociación de Fiscales enumeró una serie de hechos que calificó como «escandalosos», entre ellos:
- Registro en la Fiscalía General del Estado: Un acontecimiento sin precedentes en la historia democrática del país.
- Manejo opaco de dispositivos electrónicos: García Ortiz habría evitado el análisis de sus dispositivos argumentando razones de seguridad, lo que ha generado sospechas y críticas.
- Cuestionamiento a la UCO: Dexeus denunció un informe de la Abogacía del Estado que, según ella, busca deslegitimar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un aliado clave de los fiscales en los procedimientos judiciales.
Dexeus alertó además sobre el impacto que este caso tiene en la estructura jerárquica de la Fiscalía, asegurando que la imputación de García Ortiz compromete la imparcialidad de los fiscales que intervienen en el procedimiento. Este problema se agrava con la actuación de su número dos, quien está directamente implicada como fiscal en la causa contra García Ortiz, una situación que, según Dexeus, «añade más presión a la ya deteriorada imagen de la Fiscalía».
«Nunca hemos estado más asediados que en este momento», afirmó. Para Dexeus, la falta de resolución está comprometiendo la misión de la Fiscalía y afectando la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La dimisión como única salida
Cristina Dexeus insistió en que la única solución viable para preservar la integridad y credibilidad de la Fiscalía es la dimisión inmediata de García Ortiz. «Por respeto y lealtad institucional, deberá dimitir. No nos puede seguir arrastrando como institución. Al único que están investigando es a él, no a la Fiscalía ni a los fiscales», aseveró.
La presidenta de la Asociación de Fiscales subrayó que mantener a García Ortiz en su cargo mientras enfrenta un posible juicio daña gravemente la percepción pública de la imparcialidad y transparencia del sistema judicial. Además, insistió en que su renuncia permitiría comenzar el proceso de reconstrucción de la credibilidad institucional.
Impacto en la confianza ciudadana
El caso de García Ortiz no solo pone en entredicho la imparcialidad y profesionalidad de la Fiscalía, sino que también afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Dexeus advirtió que la crisis actual es un golpe a la credibilidad de las instituciones democráticas y puede tener repercusiones a largo plazo en la percepción pública de la justicia en España.
«La Fiscalía debe ser un pilar inquebrantable en la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero esta crisis está minando su autoridad moral y funcional», concluyó.
Un panorama incierto para la Fiscalía
Con la alta probabilidad de que el caso contra García Ortiz llegue a juicio, la institución enfrenta un futuro incierto. Los llamamientos a la dimisión, liderados por la Asociación de Fiscales, reflejan la necesidad de una solución urgente para evitar que el daño reputacional sea irreversible.
La crisis de la Fiscalía General del Estado es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas, pilares fundamentales para la confianza ciudadana en la democracia.
