Vox ha registrado una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un presunto delito de corrupción de menores con sus palabras en el Congreso respecto a la sexualidad y los niños, que considera que no pueden ser amparadas por la libertad de expresión.
El partido liderado por Santiago Abascal ya había anunciado que estaba estudiando medidas legales ante lo que considera un «escándalo«, ya que sostiene que Montero «aseguró que los menores podían mantener relaciones sexuales con adultos».
Para Vox, estas declaraciones pueden suponer un delito de corrupción de menores, amparado por el artículo 183 del Código Penal y ha pedido al Tribunal Supremo que llame a declarar a la ministra.
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«No pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que, además de diputada, es miembro del Gobierno como ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable«, ha sostenido la responsable jurídica de Vox, Marta Castro.
Además, recuerda que el propio legislador ha establecido que «cualquier conducta lasciva con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, ex lege, que este se encontraría viciado».
Por ello, Vox entiende que las palabras de Irene Montero exceden «en mucho» las expresiones de carácter político. «Ni la ignorancia ni la intencionalidad podrán excluir en este caso que las palabras empleadas y el mensaje lanzado por la ministra son constitutivas de delito», apostilla en su escrito al Alto Tribunal.
Además, hace hincapié en la «irresponsabilidad» de hacer estas declaraciones en el Congreso, que ve como «una herramienta de difusión extraordinaria.
De esta formal bien jurídico protegido al que se refiere la querella presentada por Vox es la indemnidad sexual o intangibilidad sexual del menor. «Es un delito de mera actividad en el que se implica al menor en un acto de naturaleza sexual», explica Castro.
