El presidente de la Diputación de Ciudad Real reclama al Gobierno central que permita usar los remanentes de tesorería en inversiones locales y denuncia la exclusión de los ayuntamientos del debate financiero.
Críticas al sistema de financiación autonómica y local
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha lanzado este jueves una crítica contundente contra el actual sistema de financiación autonómica y local, al que ha calificado como “un mecanismo de ahogo en cadena”. En declaraciones a SER Ciudad Real, ha reclamado al Gobierno de España que permita a las diputaciones emplear sus remanentes positivos de tesorería para inversiones financieramente sostenibles, como medida para dinamizar el territorio y atender las demandas ciudadanas.
Valverde ha alertado de que esta situación, lejos de ser nueva, se ha vuelto “cada vez más insostenible”, afectando gravemente a la capacidad de respuesta de las corporaciones locales. “Se habla constantemente de financiación autonómica, pero se olvida que los ayuntamientos también prestan servicios, muchos impropios, sin financiación correspondiente”, ha afirmado.
Más de 100 millones bloqueados en la Diputación de Ciudad Real
La Diputación provincial cuenta actualmente con más de 100 millones de euros en remanentes positivos, pero la normativa vigente impide utilizarlos si se supera la denominada regla de gasto, a pesar de que la institución presenta una situación financiera saneada.
“Queríamos lanzar un programa extraordinario de ayudas para nuestros ayuntamientos, pero mientras esta trampa legal no se corrija, muchos proyectos se van a quedar en el cajón”, ha advertido el presidente.
Valverde ha recordado que la ley reconoce el derecho de las entidades locales a recibir un porcentaje sobre la recaudación estatal, pero que en la práctica ese dinero no está llegando. “En enero nos comunicaron que las previsiones de ingresos ya no se cumplirían, y desde entonces la incertidumbre es total”, ha lamentado.
Críticas al decreto del Gobierno: “incompleto y decepcionante”
El dirigente provincial ha señalado que el reciente decreto aprobado por el Gobierno para actualizar las entregas a cuenta no resuelve la raíz del problema. “No incluye la posibilidad de utilizar remanentes, que es clave y preocupante”, ha criticado, calificando esta omisión como “absurda e injusta”.
En su opinión, el sistema actual mantiene a las diputaciones “con las manos atadas” pese a contar con recursos propios, lo que impide atender necesidades urgentes en infraestructuras, servicios y dinamización económica en el entorno rural.
Llamamiento a una reforma urgente y despolitizada
Miguel Ángel Valverde ha instado al Ejecutivo central a corregir esta situación “incomprensible” y a permitir que las entidades locales puedan movilizar sus fondos disponibles. “No estamos pidiendo privilegios, sino justicia financiera. No se trata de una reivindicación ideológica ni partidista, sino de sentido común”, ha enfatizado.
Ha insistido en que estas inversiones “llegan directamente al territorio”, generan empleo y actividad económica y son una respuesta directa a las necesidades reales de los pueblos de la provincia. Para Valverde, bloquear estos fondos supone “perjudicar a miles de vecinos y frenar el desarrollo local sin justificación técnica ni económica”.
Los ayuntamientos, fuera del debate público
El presidente de la Diputación ha expresado su malestar por el escaso protagonismo que los ayuntamientos y diputaciones tienen en el debate sobre la financiación pública. Ha reclamado una reforma profunda que contemple a todas las administraciones y que ponga fin a un sistema que “colapsa progresivamente a los municipios”.
“Hay que dejar de mirar solo a las comunidades autónomas. Los servicios municipales también se sostienen con fondos insuficientes, y eso termina afectando a la ciudadanía”, ha declarado.
Una demanda ampliamente compartida
La reclamación de Valverde se alinea con la postura de otras diputaciones y corporaciones locales de toda España, que llevan años exigiendo mayor autonomía para gestionar sus remanentes. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha trasladado esta misma petición en reiteradas ocasiones al Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto, en Ciudad Real, más de 100 millones de euros permanecen inmovilizados, a la espera de una decisión política que permita ponerlos al servicio del territorio.
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