Reclama 179.545 euros por daños y perjuicios y el juzgado ha fijado acto de conciliación para septiembre.
Un presunto caso de acoso laboral en el seno de la Policía Nacional ha derivado en una demanda judicial contra dos altos mandos de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Una exagente especializada en violencia de género reclama 179.545 euros por daños y perjuicios al considerar que fue víctima de hostigamiento durante más de dos años.
El Juzgado de lo Social número 23 de Madrid ha citado a las partes el próximo mes de septiembre para un acto de conciliación. En caso de no alcanzarse acuerdo, el procedimiento continuará hasta juicio.
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Denuncia de mobbing y trato discriminatorio
Según la demanda, la agente sufrió “fiscalización excesiva y arbitraria de su actividad laboral”, supervisión desproporcionada de horarios, difamación interna, insultos, amenazas, exclusión de operativos relevantes y boicot a reconocimientos profesionales.
El inicio del presunto acoso se sitúa en 2022, tras la llegada de un subinspector a la UFAM Central, momento que, según la denunciante, coincidió con un cambio en el clima laboral y con su decisión de asumir funciones como delegada sindical en la escala básica.
A partir de entonces, sostiene que comenzó un aislamiento sistemático, la retirada de funciones previamente asignadas y la eliminación de oportunidades formativas. Todo ello, bajo la supuesta justificación de una “pérdida de confianza”.
Boicot a condecoraciones y traslado
Entre los episodios descritos figura la negativa a concederle la Medalla Blanca al Mérito Policial, propuesta por el sindicato SUP, tras un informe desfavorable de su superior. También denuncia la prohibición de participar en jornadas formativas y cambios de destino sin causa justificada.
En septiembre de 2023 fue trasladada a otra unidad y, tras una baja prolongada, obtuvo destino en la Comisaría de Getafe en julio de 2024. Sin embargo, asegura que allí sufrió una revictimización, al ser informados sus nuevos superiores de su situación previa. Posteriormente fue nuevamente cambiada de puesto.
Impacto psicológico
La agente ha estado de baja médica y, según la demanda, fue diagnosticada inicialmente de trastorno de ansiedad generalizada y posteriormente de trastorno de estrés postraumático.
El informe pericial aportado por la psiquiatra María Teresa Lázaro Casajús concluye que la afectación psicológica es compatible con un cuadro de estrés postraumático moderado, atribuido exclusivamente a las circunstancias vividas en su entorno laboral.
La demanda, presentada por el abogado laboralista Roberto Mangas, sostiene que existió una ausencia de protección adecuada por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y detalla supuestas conductas de hostigamiento, control excesivo y obstaculización de la actividad sindical.
Contexto
Este caso sale a la luz en un momento de especial sensibilidad interna en el Cuerpo, tras la reciente dimisión del exdirector adjunto operativo, José Ángel González Jiménez, por otra causa distinta que también está siendo investigada judicialmente.
Por el momento, la causa relacionada con la exagente de la UFAM se encuentra en fase previa al juicio y será el órgano judicial competente quien determine la existencia o no de acoso laboral y las posibles responsabilidades derivadas.
