El análisis identifica un impacto especialmente negativo en las microempresas y alerta de efectos redistributivos limitados
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y defendida reiteradamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tuvo un coste laboral significativo, según un nuevo estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El informe, elaborado por los economistas Marcel Jansen, Florentino Felgueroso, Jorge Casanova y David Catalán, desmonta uno de los principales argumentos del actual Ejecutivo: que la medida no perjudicó al empleo.
Un nuevo enfoque metodológico con datos inéditos
El estudio introduce importantes novedades metodológicas al utilizar por primera vez los microdatos del Panel de Empresa-Trabajadores (PET). Esta fuente permite un seguimiento más preciso de la dinámica interna de las empresas en términos de contratación, despido, rotación y variación de jornada.
A través de este enfoque, los autores han conseguido diferenciar los efectos del SMI según el tamaño de la empresa, tipo de contrato y régimen de jornada laboral, algo que hasta ahora no se había abordado con este nivel de detalle.
Impacto directo en el 12% de los trabajadores y desproporcionado en las microempresas
De acuerdo con el estudio, un 21% de las empresas analizadas se vieron afectadas directamente por la subida del SMI en 2019, siendo el 12% de los trabajadores los impactados por esta medida. Sin embargo, el efecto fue profundamente desigual:
- En microempresas (menos de 5 empleados), el 100% de la plantilla se vio afectada por el incremento.
- En grandes empresas (más de 250 empleados), el impacto apenas alcanzó al 2% de los trabajadores.
Este hallazgo confirma que el eslabón más débil del tejido empresarial español —las microempresas, que generan dos tercios del empleo nacional— fue también el más penalizado.
Subida salarial, caída de empleo y más rotación laboral
Las empresas cuya totalidad de trabajadores se vio afectada por el aumento del SMI experimentaron un incremento salarial del 11,4%, pero también una reducción del empleo del 4,5%. Esta relación directa entre el grado de afectación y el deterioro laboral evidencia que el ajuste no fue neutral.
Además, el estudio revela un aumento de la rotación en empresas de hasta 250 empleados, con más entradas y salidas de trabajadores. Este fenómeno supuso un empeoramiento de la calidad del empleo, afectando a la estabilidad y continuidad de los contratos.
Contratos más precarios y jornadas reducidas
El análisis de Fedea también identifica un cambio en la tipología contractual tras la subida del SMI:
- Reducción de contratos indefinidos.
- Sustitución de temporales a tiempo completo por temporales a tiempo parcial.
Lo más preocupante, según los investigadores, es que no hay indicios de que los trabajadores desplazados hayan accedido a empleos de mayor calidad. Al contrario, la medida provocó un descenso neto del crecimiento del empleo de entre 0,5 y 1 punto porcentual, compensando hasta un 40% de las ganancias salariales esperadas.
Brecha regional y mayor sensibilidad futura
El informe subraya que el SMI en 2019 se encontraba todavía en niveles inferiores a los actuales. Sin embargo, su impacto fue ya significativo, especialmente en regiones con salarios medios más bajos, donde la convergencia entre salario mínimo y salario medio es mayor. Esto implica que futuras subidas del SMI, ya desde un nivel más elevado, podrían tener efectos aún más perjudiciales sobre el empleo.
Un mercado laboral dual y frágil
El estudio de Fedea no cuestiona la existencia del salario mínimo, pero sí advierte contra subidas abruptas y generalizadas, especialmente en países con un mercado laboral dual y alta tasa de temporalidad como el español. En contextos así, los efectos secundarios pueden acabar perjudicando a los colectivos que se busca proteger, como los jóvenes, las mujeres, o los trabajadores con menor cualificación.
Hasta 322.000 empleos no creados, según Freemarket
A este análisis se suma otro informe de la consultora Freemarket, que estima que las subidas del SMI desde 2018 han impedido la creación de hasta 321.987 empleos. El cálculo se basa en una metodología contrafactual que compara sectores intensivos en SMI —agricultura, hostelería, comercio minorista, servicio doméstico— con la evolución general del empleo en la economía.
Frente a un crecimiento medio del 6,3% entre 2018 y 2022, estos sectores se estancaron o retrocedieron, reduciendo su peso relativo en el mercado de trabajo. Según Freemarket, esta situación implica un coste de oportunidad elevado y una pérdida de competitividad para sectores clave.
¿Redistribución o distorsión?
Ambos estudios coinciden en un mensaje fundamental: las intenciones redistributivas del SMI no garantizan sus efectos positivos. Si no se miden bien las consecuencias indirectas —desempleo, precarización, reducción del dinamismo empresarial—, la política salarial puede volverse en contra de sus objetivos.
En definitiva, el debate sobre el salario mínimo no puede centrarse solo en cifras oficiales de paro o crecimiento salarial. Debe incorporar una visión más amplia que tenga en cuenta la estructura empresarial, la calidad del empleo generado, y el impacto en los colectivos más vulnerables.
