El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles al Congreso revisar dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, si la situación epidemiológica permite levantar el estado de alarma. En ese caso, decaerá y de lo contrario, se mantendrá hasta el 9 de mayo, durante los seis meses que ha pedido el Gobierno en su solicitud de prórroga.
El presidente ha hecho una propuesta de negociación en el Congreso, ante grupos como el PP, Ciudadanos, ERC o Bildu que consideran «excesiva» una duración de seis meses. Con todo, también provoca mucho rechazo entre los grupos la intención de Sánchez de delegar en su ministro de Sanidad, Salvador Illa, para rendir cuentas en la Cámara sobre el estado de alarma. Los grupos le exigen que sea él quien lo haga y comparezca en el Congreso de manera periódica, cada 15 días o un mes según el grupo parlamentario.
Sin embargo, Sánchez ha hecho oídos sordos a esta exigencia y este miércoles ha optado por negociar con la duración de la prórroga del estado de alarma. El presidente no ha renunciado a que tenga una duración ‘oficial’ de seis meses, pero se ha abierto a que, si la evolución de la pandemia lo permite, pueda terminar antes, el 9 de mayo. La decisión quedará en manos de Illa y los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Sanidad.
«Dentro de 4 meses, el Consejo Interterritorial de Salud, si estima que no es necesaria ya la alarma, el Gobierno revisará su declaración y levantará el estado de alarma en cuatro meses. Si el Consejo Interterritorial dice que tenemos que continuar dos meses, lo mantendremos hasta el 9 de mayo», ha ofrecido Sánchez en concreto al presidente del PP, Pablo Casado, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, un día antes de que el Congreso vote la prórroga por seis meses.
«Habrá una primera revisión el 9 de marzo y una segunda el 9 de mayo» ha reiterado Sánchez, esperando encontrar un «amplio apoyo» al estado de alarma en el Congreso.
Si embargo, de momento no está tan claro que el Gobierno pueda sacar mañana adelante la prórroga y menos por una amplia mayoría. La ministra portavoz, María Jesús Montero, sugirió este martes que el Ejecutivo ya tiene los votos necesarios -«una vez consultadas las formaciones entendemos que va a contar con los apoyos necesarios», dijo tras el Consejo de Ministros-. Pero no se trata solo de la duración de la prórroga y que varios grupos, también entre los socios de investidura, crean «excesivo» que sea de medio año. También ha levantado ampollas la intención de Sánchez de apartarse de este segundo estado de alarma.
En esta ocasión, el Gobierno lo contempla como un «paraguas jurídico» para que cada comunidad pueda tomar las medidas y restricciones que considere oportunas. Así, presidentes y presidentas autonómicas son ahora las «autoridades competentes delegadas» y el Gobierno ha optado por dejar la coordinación en manos del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se reúnen todos los miércoles Illa y los consejeros autonómicos.
Pero lo que más críticas ha provocado más críticas en el Congreso ha sido que Sánchez también delegará la rendición de cuentas sobre el estado de alarma en la Cámara. Este jueves, está previsto que sea llla y no el presidente presente en el Congreso la petición de prórroga antes de su votación. Después, el plan es que el ministro comparezca cada 15 días en la comisión de Sanidad del Congreso, en lugar de hacerlo Sánchez, como ocurrió en la primera oleada, cuando el estado de alarma se renovó cada dos semanas.
Este es el contexto en el que se ha producido este miércoles la oferta de Sánchez para que el Congreso le apruebe una prórroga de seis meses, revisable a cuatro.
No del PP
Para empezar, ha recibido un ‘no’ rotundo por parte del PP. Casado; su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y su secretario general, Teodoro García Egea, y cuantos diputados han intervenido después han salido en tromba contra la duración de la prórroga y la intención de Sánchez de «eludir el Parlamento», en palabras de Casado.
Casado primero y Gamarra y García Egea después han insistido a Sánchez que acepte su propuesta para que la prórroga dure solo ocho semanas y que mientras se tramite de urgencia una «ley de pandemias» para que no sea necesario decretar el estado de alarma de nuevo.
«Aún está a tiempo de aceptar la propuesta de un estado de alarma de ocho semanas, el doble de lo que están haciendo otros países europeos», ha dicho Casado a Sánchez. «Permitirá limitar el movimiento en los puentes y salvaría la Navidad, no solo el empleo, sobre todo la esperanza de millones de personas, sobre todo mayores que viven si sus familias».
«Acaba de eludir el Parlamento, menos ‘Aló, presidente’ los fines de semana y más venir aquí siempre que tenga que dar cuentas de cuestiones tan importantes», ha echado en cara Casado a Sánchez.
«La democracia no es un bazar, no se regatea», ha advertido García Egea al Gobierno en su turno de pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la que ha abundado particularmente en la negativa de Sánchez de acudir al Parlamento.
«Usted propone una alarma de seis meses y sustituir el Parlamento para que las decisiones las tomen los consejeros autonómicos en un órgano donde el PSOE tiene mayoría», ha dicho García Egea sobre el Consejo Interterritorial de Sanidad. «Si delega sus competencias en las comunidades y las del Parlamento en el Consejo Interterritorial de Sanidad, váyase y terminamos antes«, ha insistido a Sánchez.
«Esperamos que usted venga a esta Cámara porque se están acostumbrado a gobernar por decreto», ha terciado Gamarra, que ha apuntado que eso «se llama rodillo».
Cs, ERC, Bildu, Compromís y JxCAT también recelan
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sido la encargada de responder a las acusaciones del PP, recordando que fue el Tribunal Constitucional quien «obligó» a Mariano Rajoy a comparecer en sesión de control al Gobierno durante el año casi que estuvo en funciones en 2011. «Somos el Ejecutivo más sometido a control seguramente en una comparativa de toda Europa, eso es respetar a esta Cámara», ha asegurado Calvo.
Sin embargo, no solo es el PP quien rechaza una prórroga tan larga, de seis meses. Otros partidos lo hacen y también critican que Sánchez no quiera rendir cuentas del estado de alarma en todo este tiempo.
Ciudadanos calificó este martes de «excesivo» el plazo de seis meses, el mismo calificativo que empleó la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa. La secretaria general de ERC, Marta Vilalta, dijo que es «abusivo».
Por otra parte, la reclamación de que Sánchez comparezca en el Congreso también excede del PP y llega hasta sus socios parlamentarios. Si no cada 15 días, Compromís sí cree que Sánchez debería rendir cuentas cada vez, empezando por que este jueves sea él quien pida la prórroga a la Cámara en lugar de dejárselo a Illa.
También JxCaT considera que el presidente debe comparecer en el Congreso.