La Audiencia de Madrid reprocha al juez y a la Fiscalía que dieran carpetazo a la causa «sin practicar la más mínima diligencia» para esclarecer los hechos
La Justicia reactiva la investigación penal contra el exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, por el suministro de dos millones de mascarillas defectuosas a los médicos durante la primera ola de la pandemia de la covid-19. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa y la práctica de diligencias concretas al Juzgado de Instrucción número 14 de la capital. Un procedimiento en el que se busca esclarecer si, con la compra de un lote de mascarillas no homologadas a una empresa china, el exministro y otros responsables de Sanidad habrían cometido un delito contra los derechos de los trabajadores del sector sanitario.
La Audiencia de Madrid revoca la decisión del juez instructor de archivar las pesquisas y reprocha a la Fiscalía haber solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones sin practicar ninguna diligencia para esclarecer los hechos. En el escrito, fechado el pasado 15 de diciembre, los jueces de la Sección Segunda admiten así el recurso de apelación presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), cuya querella contra Salvador Illa dio origen a la causa.
El sindicato médico pedía investigar la presunta implicación del exministro en la adjudicación del contrato de 23,8 millones de euros a la empresa Hangzou Ruining Trading para la adquisición de tres lotes de mascarillas, uno de los cuales no cumplía con las normas de seguridad preceptivas para garantizar la seguridad de los sanitarios. La CESM también solicitaba esclarecer la responsabilidad de Illa en la distribución de la partida de mascarillas defectuosas, que fueron entregadas al personal sanitario durante la primera ola de la pandemia, saltándose los trámites de homologación que correspondían al Instituto de Salud Carlos III.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid no ven similitudes entre ambas causas: «En el presente caso, los hechos que contiene la querella identifican la partida de mascarillas y ofrecen datos concretos de su utilización en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana, que son los datos de que disponían los querellantes, por lo que de ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva. La recepción de las mascarillas fake y su distribución fueron además hechos notorios».
Las mascarillas ‘fake’ de Illa
La Audiencia Provincial considera que, en este caso, la querella del sindicato médico CESM «ofrece datos concretos» sobre las mascarillas. «Identifica que se corresponde con la partida de de más de dos millones de mascarillas adquiridas a la empresa de nacionalidad china Garry Galaxy, a través de un bróker de suministros sanitarios del mismo país llamado Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd., sin haber seguido el procedimiento habitual de licitación pública, y ofrece datos concretos de uso en la Comunidad Autónoma de Valencia, a partir de datos facilitados por la Consellería de Sanidad», indican los jueces en el auto.
En su resolución, los magistrados de la Audiencia Provincial ordenan al Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid las diligencias concretas que se deben practicar, «a fin de que comience la investigación penal». Por un lado, se solicita dirigir sendos oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud de en el Trabajo (INSST) para que expidan certificación de los análisis de las mascarillas objeto de la querella. «Con expresión de la fecha de solicitud de análisis y organismo que lo encarga, fecha de recepción de las muestras, fecha y persona que emitió el informe, y fecha y organismo al que se hubiese remitido», indica el auto.
Además, se ordena dirigir al Ministerio de Sanidad un oficio para que aporte información sobre los acuerdos de distribución y entrega a las Comunidades Autónomas de las mascarillas no homologadas que fueron adquiridas a la empresa china. También se solicita pedir todas las comunicaciones y documentación recibida con los responsables de las comunidades autónomas a las que se ordenó retirar las mascarillas, entre ellas Aragón y Cataluña, una vez que el Instituto Carlos III y el INSST se percataron de que estas no cumplían con la seguridad requerida para los sanitarios expuestos al Covid-19 en la primera ola de la pandemia.
Dos años sin diligencia alguna
Tras varios vaivenes, en un auto contra el que no cabe recurso, la Audiencia Provincial de Madrid ordena así investigar de una vez por todas unos hechos que se denunciaron en abril de 2020 y que han sufrido todo un periplo por distintos tribunales de España. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, será finalmente el magistrado encargado de llevar a cabo las pesquisas.
En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo dio luz verde a que la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se derivase a los juzgados de instrucción de Madrid para investigar si se podía demostrar la implicación de Illa en la distribución de las mascarillas saltándose los trámites de homologación que correspondían al Instituto de Salud Carlos III.
La causa recayó meses después en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Carlos Valle, será el magistrado encargado de llevar a cabo las pesquisas de nuevo. El mismo juez, a mediados de noviembre de 2021, acordó inhibirse a favor del TSJ de Cataluña al entender que su juzgado no era el órgano competente para seguir con la causa por la condición de aforado de Illa, actualmente diputado autonómico en el Parlament.
Sin embargo, el pasado mes de junio, la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Cataluña devolvió la causa al juzgado de Madrid al entender que no tenía competencias para investigar los hechos. Pocas semanas después, el juez instructor acordó el sobreseimiento de las actuaciones mencionando otra causa totalmente distinta que se investigó en el Juzgado de Instrucción número 53 por el fallecimiento de cuatro guardias civiles durante la pandemia, según alegaron los querellantes, por la desprotección de los agentes. En todas las instancias, y alegando distintos motivos, la Fiscalía se ha opuesto a investigar al exministro Illa.
En su querella, el sindicato médico imputaba a Salvador Illa un delito contra los derechos de los trabajadores por haber facilitado un lote de dos millones de mascarillas FFP2 N95 de la marca Garry Galaxy. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, «muy lejos del 92% mínimo» que exige la normativa. Estas mascarillas, según el sindicato médico, «se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril de 2020 por facultativos y otro personal sanitario en la atención a pacientes contagiados por la covid-19, lo que puso en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas».
Revés a la Fiscalía
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid supone un nuevo revés para la Fiscalía en este caso. El Ministerio Público había defendido dar carpetazo a la causa, según los magistrados, «apoyándose exclusivamente en el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid sobre unos hechos que no guardan relación con los presentes, sin practicar la más mínima diligencia».
En concreto, en junio pasado, el juez instructor archivó provisionalmente el caso a instancias de la Fiscalía. El Ministerio Público sustentaba su petición mencionando una querella presentada por la Asociación Profesional de la Guardia Civil contra el propio Illa y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber facilitado equipos sanitarios de protección a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La querella de la asociación de guardias civiles fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ,«al considerar que los hechos denunciados carecían de la debida concreción respecto a las circunstancias en que se habían producido».