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Sara Martínez acusa al equipo de gobierno del PP de llevar al pleno asuntos económicos relevantes sin informes preceptivos.

PSOE Ciudad Real cuestiona la modificación de crédito

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha denunciado la “gravedad” de que el equipo de gobierno del Partido Popular haya llevado al pleno la modificación de crédito 3-2/2026 incluyendo, según ha señalado, asuntos de gran relevancia económica sin los informes preceptivos.

Martínez ha centrado sus críticas en dos puntos concretos: la compra de la finca conocida habitualmente como Casa Okupa, situada en el entorno del Parque de Gasset, y el expediente relativo al canon del agua.

La portavoz socialista ha explicado que su grupo solicitó dejar sobre la mesa ambos asuntos al considerar que carecen de la documentación técnica y económica necesaria.

A juicio del PSOE de Ciudad Real, se trata de decisiones que afectan a cientos de miles de euros de dinero público y que, por tanto, deben estar plenamente justificadas antes de ser sometidas a votación.

La Casa Okupa en el Parque de Gasset

Uno de los puntos más controvertidos del pleno ha sido la adquisición de la finca conocida como Casa Okupa, en el Parque de Gasset.

Sara Martínez ha advertido de que el expediente presentaba problemas desde su propia identificación, ya que contenía un error en la referencia catastral del inmueble.

Según ha indicado, esa referencia tuvo que ser corregida sobre la marcha durante el propio pleno.

Para la portavoz socialista, este hecho evidencia la falta de rigor con la que el equipo de gobierno habría tramitado una operación de notable impacto económico.

Martínez ha cuestionado que el Ayuntamiento pretenda aprobar la compra sin disponer, según el PSOE, de los informes urbanísticos y de valoración necesarios para justificar el precio de la finca.

Más de 400.000 euros en debate

La portavoz socialista ha señalado que el Ayuntamiento prevé pagar más de 400.000 euros por la finca del Parque de Gasset.

Martínez ha criticado que no exista en el expediente, según su denuncia, una explicación técnica que justifique por qué se abona esa cantidad y no otra diferente.

“Estamos hablando de dinero de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real”, ha advertido.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que una operación de esta magnitud no puede aprobarse dentro de una modificación presupuestaria amplia, con numerosos asuntos distintos, sin la documentación necesaria.

Martínez ha calificado esta fórmula como una modificación “ómnibus”, al entender que mezcla cuestiones diversas y dificulta un análisis individualizado de cada expediente.

Críticas por la falta de informes

El PSOE de Ciudad Real sostiene que los informes técnicos y económicos son imprescindibles para garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.

En el caso de la finca del Parque de Gasset, Martínez ha reclamado informes urbanísticos y de valoración que permitan conocer con claridad el interés municipal, la situación del inmueble y la adecuación del precio.

La portavoz socialista ha insistido en que no se opone a que se estudien operaciones de interés para la ciudad, pero sí a que se adopten decisiones sin la documentación necesaria.

La crítica se dirige especialmente a la forma de tramitar el expediente y a la falta de garantías que, según el PSOE, ha rodeado la propuesta.

Para Martínez, el pleno no puede convertirse en una “ventanilla de aprobación automática” de asuntos incompletos.

El canon del agua y la opacidad denunciada

El segundo punto cuestionado por el Grupo Municipal Socialista ha sido el relativo al canon del agua.

Sara Martínez ha denunciado la “absoluta opacidad” del expediente y ha afirmado que no existe una explicación suficiente sobre los conceptos que lo generan.

La portavoz socialista ha señalado que el equipo de gobierno no aclara si ese canon procede de consumos de la ciudadanía, de consumos municipales o incluso de pérdidas de agua derivadas de la falta de mantenimiento de la red.

Para el PSOE, esta ausencia de información impide conocer el origen real del gasto y valorar correctamente la propuesta.

Martínez considera que, antes de aprobar cualquier modificación presupuestaria vinculada al agua, el Ayuntamiento debe explicar con precisión qué se paga, por qué se paga y a qué corresponde cada concepto.

Reproche por la subida del agua

Durante su valoración, Sara Martínez ha recordado que, según el PSOE, el único que ha subido el agua un 10% a los vecinos y vecinas de Ciudad Real ha sido el alcalde, Francisco Cañizares.

La portavoz socialista ha vinculado esta crítica con la falta de explicaciones sobre el canon del agua.

A juicio del grupo socialista, la ciudadanía merece conocer el origen de los costes que soporta y la gestión que se realiza sobre un servicio básico.

El agua se ha convertido así en uno de los ejes del enfrentamiento político entre el equipo de gobierno y la oposición.

El PSOE entiende que cualquier expediente relacionado con este servicio debe tramitarse con especial transparencia, por su impacto directo en los hogares y en las cuentas municipales.

Martínez acusa a Cañizares de prepotencia

La portavoz socialista ha dirigido también sus críticas al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Según Martínez, el regidor tomó la palabra durante el debate para pasar de las dudas sobre los expedientes al ataque a la oposición.

La portavoz ha acusado a Cañizares de mostrar “prepotencia” y de “escurrir el bulto”.

Además, ha afirmado que el alcalde “ni sabe de sus expedientes, ni confía en su propio concejal de Hacienda, ni toma ninguna decisión”.

Estas declaraciones reflejan el tono de confrontación política vivido durante el debate plenario.

Para el Grupo Municipal Socialista, la respuesta del alcalde no aclaró las dudas planteadas sobre la documentación de los expedientes.

“Es rotundamente falso”

Durante el pleno, Sara Martínez recriminó al alcalde que afirmara públicamente que los asuntos llevados a la sesión contaban con todos los informes.

La portavoz socialista fue tajante al responder que esa afirmación es “rotundamente falsa”.

Según Martínez, los informes no están incorporados al expediente, aunque el alcalde sostenga lo contrario.

El PSOE considera que la falta de documentación es un problema de fondo, no una discrepancia política menor.

La formación insiste en que los expedientes deben llegar completos al pleno para permitir a los grupos municipales estudiar, valorar y votar con garantías.

Para Martínez, la transparencia administrativa exige que los informes estén disponibles antes del debate y no se den por supuestos.

Retirada parcial y crítica socialista

La portavoz socialista ha acusado además a Francisco Cañizares de intentar “salir por la tangente”.

Según ha explicado, el alcalde planteó únicamente la retirada de uno de los puntos cuestionados, mientras mantenía el otro dentro de la modificación presupuestaria.

Martínez ha rechazado esa forma de proceder y ha defendido que las cosas deben hacerse bien siempre, con independencia del asunto concreto o de la conveniencia política del Partido Popular.

Para el PSOE, no basta con corregir parcialmente un expediente si persisten dudas en otros puntos de relevancia económica.

La exigencia socialista pasa por retirar todos los asuntos que no cuenten con la documentación preceptiva y volver a llevarlos al pleno cuando estén completos.

Improvisación y falta de transparencia

A juicio de Sara Martínez, lo ocurrido en el pleno vuelve a demostrar la forma de gobernar de Cañizares.

La portavoz socialista ha resumido esa forma de gestión en tres conceptos: improvisación, falta de transparencia y expedientes incompletos.

El Grupo Municipal Socialista considera que el equipo de gobierno debe extremar el rigor en la tramitación de modificaciones de crédito, especialmente cuando incluyen operaciones de elevado impacto económico.

Martínez ha concluido que pretender aprobar expedientes sin informes esenciales es “profundamente irresponsable”.

El PSOE mantiene así su crítica al gobierno municipal y reclama mayor claridad en decisiones que afectan al patrimonio, al presupuesto y a los servicios básicos de Ciudad Real.

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