La Policía Nacional ha propuesto sanciones significativas contra dos empresas en Ciudad Real por infracciones graves relacionadas con la práctica de intrusismo en el sector de la seguridad privada. Este hecho subraya la importancia de cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley de Seguridad Privada, enfocándose especialmente en la necesidad de que todo personal de seguridad posea la habilitación requerida para ejercer sus labores.
Inspecciones Revelan Irregularidades
Durante inspecciones rutinarias llevadas a cabo por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, se descubrieron irregularidades en los servicios de vigilancia y control de un proyecto de construcción perteneciente a una empresa del sector energético de ámbito nacional. Esta empresa había subcontratado los servicios de vigilancia perimetral a otra compañía del sector de la construcción, la cual contrataba personal sin la debida habilitación para realizar tareas de seguridad.
Uso de Personal No Habilitado
Las empresas involucradas, al contratar a personal sin la habilitación necesaria para desempeñar labores de seguridad, infringieron una norma clave de la Ley de Seguridad Privada, lo cual se considera una infracción muy grave. Este tipo de prácticas no solo comprometen la legalidad de los servicios de seguridad prestados sino que también ponen en riesgo la seguridad de las instalaciones y de todos aquellos que dependen de ella.
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Apariencia de Legalidad
La situación se complicó al revelarse que, mientras una de las empresas proporcionaba servicios de vigilancia perimetral con personal no habilitado, otra empresa de seguridad operaba dentro de las instalaciones, dando una apariencia de legalidad al plan de seguridad implementado por la empresa contratante. Este tipo de estrategias, destinadas a ocultar prácticas ilegales, son objeto de especial atención y sanción por parte de las autoridades.
Sanciones Propuestas
La Policía Nacional ha propuesto sanciones para las dos empresas implicadas, así como para dos trabajadores que ejercían labores de vigilancia sin la correspondiente habilitación. Las multas para las empresas pueden oscilar entre 30.000 y 600.000 euros, mientras que el personal no habilitado podría enfrentarse a sanciones económicas de entre 6.001 a 30.000 euros.
