Una red criminal ha sido desmantelada tras explotar a decenas de mujeres sudamericanas en prostíbulos encubiertos en Valencia, Murcia, Málaga, Alicante, Castellón y Barcelona.
Una red estructurada en tres niveles y extendida por media España
La Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas, en su mayoría en situación irregular, que eran forzadas a prostituirse en locales camuflados como centros de masajes. La operación, de carácter estatal, ha concluido con 37 detenidos, nueve de ellos en prisión provisional, y 162 mujeres liberadas.
La organización operaba en Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Málaga y Barcelona, provincias donde había adquirido o alquilado viviendas y locales para reconvertirlos en prostíbulos encubiertos. Estos espacios, en condiciones habitacionales lamentables, eran controlados las 24 horas del día por encargadas que vigilaban a las víctimas, cobraban a los clientes y gestionaban las citas telefónicas.
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El entramado contaba con una estructura jerárquica clara:
- Nivel directivo: líderes con vínculos familiares o sentimentales, propietarios de los inmuebles y principales beneficiarios económicos.
- Nivel intermedio: encargados de la recaudación, coordinación y supervisión de los locales.
- Nivel operativo: encargadas, conductores, reformistas y suministradores de drogas.
Víctimas controladas con cámaras y confinadas con multas
Las mujeres, muchas de ellas captadas en países de Sudamérica, eran trasladadas a España con la promesa de empleo o en condiciones de vulnerabilidad. Una vez aquí, eran privadas de libertad: solo se les permitía salir dos horas al día por la mañana. Dormían hacinadas, en muchos casos en la misma cama donde ejercían la prostitución, y trabajaban en locales sin ventilación y en condiciones de insalubridad.
El control se ejercía mediante sistemas de videovigilancia instalados en cada local. Las encargadas imponían multas arbitrarias por incumplimientos y las mujeres debían entregar el 50 % de cada servicio a la organización. Además, eran rotadas entre provincias para dificultar su identificación por parte de las autoridades.
La investigación se inició tras la denuncia de tres víctimas y ha sacado a la luz una red que planeaba extenderse a Cataluña y otras comunidades autónomas, donde ya se habían detectado nuevos inmuebles reformados.
Despliegue operativo en siete provincias
Durante el operativo se realizaron 39 registros simultáneos en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Tarragona, Murcia y Málaga. En los registros se incautaron:
- 141.000 euros en efectivo
- Documentación contable y material informático
- Teléfonos móviles y sustancias estupefacientes
Además, se bloquearon cuentas bancarias y se intervino documentación para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales. La operación, que continúa abierta, ha sido coordinada por distintos juzgados, y los investigados enfrentan cargos por trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores, organización criminal y blanqueo de capitales.
Una operación con impacto nacional
Se trata de una de las intervenciones más importantes de los últimos años contra la explotación sexual en España. Solo en 2024, el Ministerio del Interior ya había detectado más de 200 mujeres en riesgo de ser explotadas sexualmente en Murcia, y operaciones previas habían liberado a más de 250 víctimas en todo el país.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y otras organizaciones han pedido una legislación más contundente, y las fuerzas de seguridad recuerdan que existen canales para denunciar de forma anónima estos delitos, como el teléfono 900 105 090 y el correo trata@policia.es.
Compromiso institucional y seguimiento judicial
La operación ha sido posible gracias a la colaboración entre cuerpos policiales y la actuación de diferentes órganos judiciales. Se espera que en las próximas semanas se completen nuevas detenciones y que la red se desmantele en su totalidad.
El caso refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de protección y detección temprana de víctimas, así como regular el control de locales encubiertos que operan bajo apariencia legal.
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