La superficie de frutales ha caído de 21.700 a 17.200 hectáreas entre 2019 y 2025 ante la falta de jornaleros, mientras 18.000 personas perciben subsidios agrarios por desempleo.
Un 21% menos de frutales en solo cinco años
El campo extremeño atraviesa una crisis de mano de obra que, según la organización agraria La Unión, está detrás de la pérdida del 21% de la superficie de frutales en la región durante los últimos cinco años. El descenso, que ha pasado de 21.700 hectáreas en 2019 a 17.200 en 2025, supone un golpe duro para uno de los sectores clave de la economía rural extremeña.
Luis Cortés, secretario técnico de la organización, lo atribuye a la falta de jornaleros para la poda y la recolección de fruta. “Si nada cambia, esta tendencia se mantendrá o incluso se agravará”, advirtió en declaraciones a Libre Mercado. La denuncia se enmarca en un contexto donde, paradójicamente, casi 18.000 personas en la región perciben subsidios o rentas agrarias por desempleo.
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Cosechas sin recoger y jornales sin cubrir
Los agricultores denuncian que en plena campaña de recolección —entre mayo y agosto— no encuentran trabajadores suficientes. “No puede ser que llegue la campaña de fruta y haya miles de personas cobrando ayudas sin trabajar. En los pueblos hay trabajo y falta gente dispuesta a cogerlo”, insiste Cortés.
Según los datos del SEPE y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en marzo de 2025 había:
- 17.867 perceptores de subsidios agrarios en Extremadura
- 11.604 en Badajoz
- 6.263 en Cáceres
- El gasto acumulado en subsidios en la región supera los 28,27 millones de euros en lo que va de año.
- A nivel nacional (Extremadura y Andalucía), la cifra se eleva a 137.818 beneficiarios.
Desde La Unión consideran que este modelo de ayudas sin contrapartida está desincentivando el empleo en el campo y contribuyendo a la pérdida de cultivos, especialmente frutales de hueso y pepita, que requieren campañas intensivas de recolección.
Permisos de trabajo para inmigrantes: una propuesta ignorada
La organización también denuncia la falta de respuesta institucional a sus peticiones de flexibilización del empleo para personas inmigrantes. “Hemos solicitado al Ministerio de Trabajo una autorización excepcional para contratar a inmigrantes sin papeles que están dispuestos a trabajar y nadie ha contestado”, lamenta Cortés.
Proponen una medida transitoria que legalice su acceso al trabajo agrícola, dado que “la situación es insostenible”. Según Cortés, “si no se hacen normas para que tanto los autóctonos como los inmigrantes trabajen en vez de estar haciendo el vago por las calles, seguiremos teniendo un problema”.
No obstante, el propio portavoz matiza que “la sensación general en el campo es que ninguna administración quiere tomar medidas reales para solucionar esta falta estructural de mano de obra”.
Impacto económico y social
La caída del 21% en superficie de frutales no es un dato menor. En comarcas como La Vera, el Valle del Jerte o el norte de Badajoz, los frutales son un motor económico y de fijación de población. La desaparición progresiva de estas explotaciones tiene efectos encadenados:
- Menos jornales disponibles para trabajadores estacionales.
- Cierre de explotaciones familiares.
- Pérdida de rentabilidad para las cooperativas y alhóndigas.
- Éxodo rural más acentuado.
La situación se agrava con el incremento de costes de producción, el cambio climático y la falta de relevo generacional, lo que convierte la mano de obra disponible en un recurso aún más esencial para sostener el sistema agrario regional.
Falta de respuesta política
La organización agraria sostiene que las Administraciones están ausentes y que ni la Junta de Extremadura ni el Ministerio han propuesto medidas eficaces ante este problema. Reprochan, además, la rigidez del sistema de contratación agraria, que impide adaptarse a picos de necesidad.
“No estamos pidiendo caridad ni subvenciones, pedimos trabajadores para recoger la fruta que se está perdiendo en los árboles”, subraya Cortés.
El debate sobre el modelo de ayudas agrarias
La denuncia también reabre el debate sobre el sistema de subsidios agrarios, criticado por parte del sector por fomentar la desvinculación del campo entre personas que, aun estando capacitadas, prefieren no aceptar empleos agrarios temporales.
Aunque los sindicatos defienden que el trabajo agrícola es duro, mal remunerado y poco atractivo sin garantías laborales, los agricultores reclaman una revisión del modelo que permita compatibilizar ayudas con incentivos al empleo.
La necesidad de reformas estructurales
Los expertos coinciden en que la solución no pasa por eliminar subsidios, sino por revisar su diseño y acompañarlos de planes activos de empleo, formación agraria y sistemas más flexibles de contratación. Algunas propuestas debatidas en el sector incluyen:
- Compatibilizar temporalmente el subsidio con jornadas agrarias.
- Programas de formación en el campo con certificados de profesionalidad.
- Agencias de empleo rural con incentivos para la movilidad geográfica.
- Reforma del régimen de permisos de trabajo para inmigrantes.
Un campo que se apaga
La realidad es que miles de hectáreas de frutales están siendo abandonadas o reconvertidas por falta de rentabilidad y mano de obra. La Unión advierte que el campo extremeño se muere, y que sin trabajadores, no habrá fruta, ni actividad económica ni futuro para los pueblos.
“Si no se cambia el rumbo, dentro de cinco años este problema será irreversible”, concluye Luis Cortés.
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