Vecinos de Almadén denuncian el cierre de pasos tradicionales y reclaman el derecho de uso frente a la empresa pública del Grupo SEPI
La tensión en torno al cierre de caminos tradicionales en la Dehesa de Castilseras, en Almadén, ha vuelto al centro del debate ciudadano. La plataforma vecinal ‘Forzados’, que agrupa a más de 2.000 residentes de la comarca, ha emitido un comunicado en el que exige a MAYASA (Minas de Almadén y Arrayanes S.A.) que reconozca como públicos los caminos históricos que cruzan esta finca de titularidad estatal gestionada por el Grupo SEPI.
El conflicto, que llevaba meses latente tras las medidas cautelares dictadas por el juzgado, se ha reactivado tras conocerse que MAYASA ha presentado un recurso contra dichas medidas, desatando la indignación de numerosos vecinos.
Una finca histórica convertida en símbolo de disputa
La Dehesa de Castilseras es una extensa finca de casi 9.000 hectáreas, repartida entre los términos municipales de Alamillo, Almadenejos y Almadén, siendo este último el que abarca la mayor parte del territorio. Este espacio natural es recorrido por los ríos Valdeazogues y Alcudia, generando un entorno de gran valor paisajístico y ecológico en el corazón de la comarca minera del suroeste de Ciudad Real.
La finca, gestionada por una empresa pública, ha sido durante décadas lugar de paso habitual para senderistas, ciclistas y vecinos, que ahora ven restringido su acceso por la instalación de cerramientos y control de entrada bajo el argumento de preservar la actividad turística impulsada por MAYASA.
Caminos recogidos en el inventario municipal
Desde la plataforma ‘Forzados’ aseguran que los caminos en disputa figuran en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Almadén, por lo que son de dominio público. La nota difundida por la agrupación califica de “incomprensible” la actitud de MAYASA y reclama transparencia y responsabilidad institucional.
“Los caminos son públicos y MAYASA debe reconocerlo. Nadie entiende que una empresa pública quiera excluir a los vecinos de su propio entorno”, afirman.
La plataforma también cuestiona los argumentos turísticos empleados por la empresa: “Los vecinos no van a contratar excursiones por donde siempre han pasado libremente”, diferenciando el uso tradicional y comunitario del uso comercial o turístico.
Críticas al intento de apropiación y politización del conflicto
‘Forzados’ denuncia lo que consideran un intento de exclusión social, subrayando que impedir el paso a la ciudadanía es un agravio inaceptable, especialmente tratándose de una empresa pública con presencia en la localidad. También hacen una mención directa a quienes defienden los cierres desde Almadén, entre ellos el propio presidente de MAYASA.
Además, la plataforma lamenta la politización del conflicto, y lanza un mensaje de unidad vecinal:
“Esto no es de izquierdas ni de derechas. Es un derecho mínimo que le debería quedar a este pueblo”.
Un conflicto con repercusión legal y social
Las medidas cautelares dictadas por el juzgado supusieron, en su momento, una suspensión temporal de los cierres implementados por MAYASA. La decisión fue celebrada como una victoria vecinal, aunque ahora la tranquilidad se ve nuevamente alterada tras el recurso interpuesto por la empresa.
El asunto ha escalado más allá de la defensa de caminos: se ha convertido en un símbolo del derecho a convivir, circular y disfrutar del entorno natural compartido.
Un conflicto sin resolver y con amplio respaldo ciudadano
Con más de 2.000 personas agrupadas en la plataforma, el movimiento ‘Forzados’ representa una voz consolidada del malestar local ante una situación que, en su opinión, “no debería haberse producido en una democracia moderna con instituciones públicas comprometidas con la ciudadanía”.
A la espera de la resolución judicial definitiva, la plataforma anuncia que seguirá movilizándose y reivindicando el uso libre de los caminos públicos, convencida de que la defensa del territorio también es una defensa de los derechos fundamentales.
