La cabecera del Tajo exige su cese y los regantes murcianos muestran su “hartazgo” y su oposición a una rebaja de los niveles

El trasvase del Tajo lleva siendo una fuente de conflictos políticos y territoriales prácticamente desde que se puso en marcha. El enfrentamiento institucional es una constante entre Castilla-La Mancha y Murcia, pero la posición protrasvasista de todos los gobiernos había concentrado las críticas en la cuenca cedente. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha logrado lo que parecía imposible: enfadar a las dos partes al mismo tiempo.

La ambigüedad en los mensajes enviados por la titular de esta cartera han terminado por colmar la paciencia tanto de los agricultores de Levante como de las localidades de la cabecera del Tajo.

El pasado lunes, la comisión de explotación del trasvase autorizó una derivación para agosto de 38 hectómetros cúbicos. La tubería bombea más de 24.000 litros por segundo de agua al Levante, que es una cantidad superior al agua que acumula el Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) o Talavera (Toledo).

Esta situación escuece en la comarca de cabecera. Especialmente, teniendo en cuenta que varios municipios de esta zona, como Huete (Cuenca) o Chillarón del Rey (Guadalajara), sufren restricciones de abastecimiento por el retraso en la construcción de la conducción comprometida por el Gobierno para garantizar el suministro.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

Para dar luz verde a la última derivación, la comisión de explotación del trasvase esgrimió el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que recoge que el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía el 1 de agosto era de 687,1 hm3.

“Esta cifra”, indicó el Ministerio en una nota, “es superior al umbral de 661 hm3 que corresponde al límite de situación hidrológica excepcional para agosto”. Por tanto, “el sistema continúa en nivel 2 y debe autorizarse, en aplicación de la norma vigente, un trasvase de 38 hm3”.

La Asociación de Municipios Ribereños del Tajo, con voz pero no voto en la citada comisión, presentaron un informe donde planteaban irregularidades a la hora de calibrar la situación real de los embalses. La comisión, señalaron sus representantes, “ha vuelto a hacer caso omiso como ya hiciera el mes pasado cuando presentaron la modificación de las reglas del trasvase”. De ahí que hayan exigido el “cese inmediato” de Ribera, tras “la última barrabasada al Tajo y a la España vaciada“.

Apoyados en un estudio de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche, denuncian que durante julio se ha enviado menos agua al Tajo de la que le correspondía para permanecer en nivel 2 y obligar así a un último trasvase, máximo antes del inicio de las obras en el dique de La Bujeda.

De hecho, la intervención en esta infraestructura, punto de partida para el agua procedente de los embalses que luego se bombea al canal del trasvase, obligará a cerrar el acueducto durante 13 semanas a partir de septiembre.

REPROCHES A PEDRO SÁNCHEZ

Desde los municipios de la cabecera del Tajo, en su comunicado, se acusa de “cobardía” a Pedro Sánchez: “Se lava las manos como Pilatos ante la nefasta gestión de la ministra Ribera y de todas las secretarías, direcciones, confederaciones y demás zarandajas que solo sirven para añadir gasto y dar pompa a la misma decisión de siempre: favorecer a la mafia del agua y perjudicar el medio ambiente”.

Francisco Pérez Torrecilla, diputado regional del PSOE y alcalde de Sacedón (Guadalajara), sostiene que “son muchas ya las mentiras y traiciones” del Gobierno de su partido y añade que “Ribera está haciendo buena a Tejerina”, ex titular de Medio Ambiente con el PP. “La ministra de Rajoy, al menos, no engañaba ni se reía de nadie. Hacía lo que decía que iba a hacer: trasvasar el máximo posible”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ya ha anunciado que va a recurrir la última derivación al Segura, auguró recientemente la desaparición del trasvase. Sin embargo, el presidente castellano-manchego ha optado por una posición discreta en los últimos días, pese al monumental enfado en la cabecera por el deterioro del río y lo que tachan de “expolio”.

Tampoco se ha pronunciado su consejero de Desarrollo Sostenible, de perfil político bajo. El PP criticó este martes el silencio de García-Page, al que reprocha “echar cortinas de humo”. En todo caso, la portavoz del Gobierno castellano-manchego reiteró la oposición a los trasvases para el “regadío incontrolado”.

LAS PALABRAS DE LA MINISTRA

El zigzag del Gobierno en su posición en esta materia también ha generado recelos en el Levante. El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), que agrupa a buena parte de los miembros del sector agroindustrial levantino que se beneficia de esta infraestructura, ya anunció su oposición frontal a cualquier rebaja de los volúmenes trasvasables.

Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Luengo, ha pedido una reunión urgente con la vicepresidenta para la Transición Ecológica ante el “hartazgo” de las organizaciones agrarias.

En unas declaraciones de las que se hizo eco el pasado 6 de agosto el diario murciano La Verdad, Ribera aseguró, en referencia al trasvase: “Uno no tiene derecho a tener vistas al mar si vive en el centro”. Aunque dijo que no espera que se intensifique la guerra del agua, lo cierto es que su falta de determinación contribuye a ello.

En Castilla-La Mancha, Ribera decepciona por su falta de voluntad para satisfacer compromisos que se quedan en falsas expectativas. En Murcia, porque su discurso sobre el cambio climático y el fin de los trasvases genera un recelo permanente.