El de la okupación es un tema siempre latente en la actualidad que ahora ha vuelto al centro del debate. Las denuncias por okupación de inmuebles se han incrementado en España un 40,9% en cuatro años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que se acabó en 2019. Ante eso, y ante los últimos casos que se han dado -uno de ellos con un vídeo en el que la okupa se enfrentaba a la propietaria- ha hecho que los partidos políticos rescaten sus propuestas para reformar una ley que, dicen, es urgente cambiar.

La okupación en España es un delito, pero tiene matices que las formaciones políticas -sobre todo las de la oposición-. Ahora mismo la norma tiene ciertos puntos de discordia. Si la Policía actúa en las primeras 48 horas de la okupación, el desalojo no precisa de orden judicial. Si pasa más tiempo y okupas cambian la cerradura, algo habitual en estos casos, el domicilio pasa a ser inviolable para sus nuevos usuarios, y solo se puede actuar contra ellos bajo una orden judicial.

“No es una norma fácil de reformar en el sentido en que necesita un consenso que no existe, hay partidos que huyen del debate”, comentan las fuentes jurídicas consultadas por 20minutos. “Supone reformar varias leyes” pero lo cierto es que la normativa actual “es muy laxa y puede entenderse como una ventaja para los okupas”, añaden.

Ya en 2019, el PP propuso una nueva norma para expulsar a los okupas en 24 horas. La ley impulsada por Casado refuerza las penas asociadas a los delitos de usurpación (artículo 245 del Código Penal), que pasa de multa –ya que en la actualidad se considera una falta– a la privación de libertad con penas de cárcel de uno a tres años.

Otro de los grandes cambios que incorpora la ley es la que se refiere a los plazos. En el articulado se establece que la Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo de 24 horas. No quieren que el proceso se eternice. Además, el PP pretende incluir también a los bancos y a los fondos de inversión, es decir, a lo que se considera personas juridicas. En su momento, las entidades mostraron su descontento porque no se les incluyera en la ley. Ante esto, el partido mantiene que la norma actual no permite una igual protección y se dan “espacios de impunidad”.

La propuesta de Cs, por otra parte, pasa por reformar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Bases del Régimen Local. La idea de los naranjas es que el desalojo se pueda realizar en un plazo máximo de seis meses, mientras que ahora se puede alargar hasta dos años.

Mientras tanto, el PSOE y Unidas Podemos se mantienen alejadas del debate, que la oposición intenta forzar para que se lleve a cabo una reforma que se pide desde hace años. Ningún Gobierno ha querido dar el paso de introducir cambios, y tampoco parece una de las prioridades del actual. Mientras, se enfrentan a rechazos frontales. 

El más, sin duda, es el de Vox. Santiago Abascal llegó a decir hace días que lo ideal sería “poder sacar a los okupas de una patada en el culo” el primer día. Esa afirmación coloquial busca que se acaben los “complejos trámites administrativos y judiciales” que existen actualmente, según el tercer partido del Congreso.