La mitad de las denuncias por agresión sexual en España tienen como víctima a un menor de edad y esa cifra solo saca a la luz una pequeña parte de las que ocurren realmente, ya que solo el 15 % de los abusos a niños y adolescentes llega a conocerse.
Para perseguir esas conductas y cualquier otra situación de violencia contra los niños, la ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se aprueba la próxima semana refuerza el ordenamiento jurídico y será clave para ofrecer una protección a los menores en ámbitos como la escuela, la familia, el deporte o las actividades de ocio, coinciden los expertos consultados por Efe.
«Si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria y su consecuente confinamiento es que la violencia contra la infancia sigue siendo una realidad invisible en España. Los niños no pueden esperar, es ahora cuando debe producirse este cambio político, legislativo y social, por una ley que proteja a la infancia frente a la violencia», asegura Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.
Por ello cree que el proyecto de ley que ha sido ya trabajado por varios gobiernos y consensuado con organizaciones de la sociedad civil debe ser tramitado de urgencia, acelerando su paso por el Congreso y el Senado y reduciendo los plazos a la mitad.
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«Cuanto antes se apruebe, antes se podrá empezar a aplicar sus medidas; esperamos que ese consenso se traslade a su tramitación en el Congreso, donde se anteponga la protección a la infancia a las diferencias políticas y la crispación», apunta Perazzo.
Medidas como la estrategia específica de violencia, el registro unificado de violencia, el deber de cualquier persona a denunciar, la ampliación del cómputo del plazo de prescripción hasta que la víctima cumpla 30 años o la prevención a través de la educación resultan fundamentales, señala esta experta, pero también que vayan acompañadas de una dotación presupuestaria suficiente para que sean eficaces.
«Todas las fuerzas políticas tienen la oportunidad de demostrar altura de miras y dejar claro a la ciudadanía que, cuando se trata de algo tan urgente y necesario de atención como la violencia contra los niños y las niñas, pueden estar de acuerdo», añade la responsable de Save The Children.
También, desde la Plataforma de Infancia Almudena Escorial destaca que esta aprobación es «una noticia muy esperada», que llevan proponiendo desde hace una década la organizaciones de defensa de la infancia e incluso el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
«La violencia hacia los niños suele permanecer oculta, por la propia invisibilidad de esa violencia, que suele darse en entornos de intimidad, pero también por los miedos y obstáculos que encuentran los niños y niñas a la hora de denunciar, dentro del propio sistema de justicia que, en muchos casos, los revictimiza».
La responsable de Incidencia de la plataforma recuerda que «todas las formas de violencia contra la infancia, además de tener un efecto muy negativo en su desarrollo y bienestar, suponen una vulneración grave de sus derechos y un ataque a su dignidad».
Y «a pesar de que existen pocos datos, estos ponen en evidencia que nos encontramos ante un problema alarmante», sentencia.
Entre ellos, el Ministerio del Interior recoge que en 2018 se produjo un incremento del 4,5 % en las denuncias de malos tratos hacia la infancia pasando de 4.875 en 2017 a 5.105 al año siguiente.
Además, una de cada dos denuncias por delitos contra la libertad sexual presentadas ese año tuvieron como víctimas a niños, niñas o adolescentes; el Registro Unificado Maltrato Infantil recogió 16.700 notificaciones de maltrato a menores en el ámbito familiar en 2017.
Las expertas destacan que España se va a convertir en el primer país con una ley integral para proteger los menores frente a la violencia y valoran el gran componente de sensibilización social de esta norma, que manda un mensaje rotundo a la sociedad de rechazo a cualquier forma de violencia contra la infancia.
La ley perseguirá nuevos delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.
Incluye en los delitos de odio la edad como causa de discriminación, tanto sobre menores como sobre mayores; medidas de prevención de la radicalización en los jóvenes; protocolos para los colegios sobre cómo actuar ante el acoso escolar, y formación para policía y jueces para detectar y abordar las situaciones de maltrato infantil.
