Guardia Civil y la Policía Nacional fueron discriminadas en Cataluña. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da la razón al sindicato Jupol en su lucha contra el Departamento de Salud de la Generalitat por su estrategia de vacunación de los cuerpos de seguridad.
Según esta norma, los agentes autonómicos y municipales debían primar en el suministro de las dosis por encima de las fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad, es decir, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Y es que, al parecer, no fue hasta el 12 de marzo cuando se comenzaron a suministrar las dosis a estos dos últimos cuerpos nacionales, mientras que los Mossos d’Esquadra y la Policía Local había recibido su vacuna el pasado 10 de febrero. Asimismo, tal y como dicta la sentencia, el ritmo fue «extremadamente lento».
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Actitud pasiva y discriminatoria
Por otro lado, también se critica que el Departamento de Salud no se pusiese en contacto con ellos a su debido tiempo para informarles de la fecha y hora en la que debían presentarse para la vacuna. Por eso el TSJC califica de «pasiva la actuación del organismo sanitario de la Generalitat».
Asimismo, para el tribunal catalán la administración «no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos”, pese a que, insisten, “merecen en esta cuestión exactamente el mismo trato».
