Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelanta ‘El País’, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.
Dado que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020 cuando el emérito presentó una regularización fiscal, una declaración voluntaria, ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.
Ya entonces, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos.
Más sobre Últimas Noticias: Detenido en Alcázar de San Juan por robar cobre con el método del butrón
Donaciones de un empresario mexicano
El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Tras esa primera regularización, se produjo una segunda (conocida en febrero de 2021) por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie, y por medio de la que Juan Carlos I abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según adelantaron los diarios ‘El País’ y ‘El Español’.
Esa segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria era relativa al pago de ocho millones de euros por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.
En esta segunda regularización, que siguen estudiando los fiscales y la Agencia Tributaria, se cumpliría entonces el requisito de espontaneidad, pero dejaría la primera en entredicho por poder no haber sido «completa y veraz», como marca la legislación para evitar el delito.
