El ministerio público traslada al alto tribunal la investigación para determinar si hay delito en la actuación del anterior Monarca tras la abdicación
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
En una nota remita este lunes, la Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», señala el Ministerio Público.