Barcelona. Una juez investiga al exconseller Raül Romeva, al exsecretario del Diplocat Albert Royo y el secretario de Govern, Victor Culell, junto a otros siete cargos de la Generalitat, por malversar casi un millón de euros para “internacionalizar” el procés mediante contratos a dedo y totalmente arbitrarios.
La investigación deriva de una denuncia que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial, y se centra en once contratos y subvenciones otorgadas entre 2012 y 2017 por un valor de 972.228 euros.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona cita como investigados a los cargos del Govern, acusados de desviar fondos de los departamentos de Exteriores y Presidencia para “internacionalizar el derecho a decidir”, con subvenciones y contrataciones de trabajos “arbitrarias”, excediendo el ámbito competencial autonómico.
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La magistrada ha imputado también a Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Acción Exterior; Roger Albinyana, exsecretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat; Teresa Prohias, exdirectora de servicios de Presidencia; Roser Clavell, exsecretaria general del Diplocat; Manel Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarollo, y Gerard Figueras, secretario general del Deporte y que presidió el Consell Català de l’Esport.
Según sostiene la juez en su auto, fechado el pasado 3 de mayo, la denuncia de la Fiscalía tiene su origen en el informe del Tribunal de Cuentas que detectó que la Generalitat catalana había destinado fondos públicos a actividades que no entran en las competencias del Govern.
Por otra parte, los presos independentistas que pertenecen a ERC -Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carme Forcadell- anunciaron que no responderán a la solicitud que el Tribunal Supremo les había hecho para que se posicionaran sobre las peticiones de indultos.
También los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han decidido no responder por escrito ante el Tribunal Supremo.
