El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reafirmado la postura del Gobierno español frente a la interpretación de la ley de amnistía que ha realizado el Tribunal Supremo en el caso del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Según Bolaños, la discrepancia con la resolución judicial del Supremo es compartida por todas las partes personadas en el procedimiento, salvo por el partido de ultraderecha Vox.
Contexto de la Discrepancia
En declaraciones hechas durante un acto en Almería, Bolaños explicó que la posición del Gobierno respecto a la resolución del Tribunal Supremo, que considera inaplicable la ley de amnistía en el caso de Puigdemont, ha sido clara desde el principio. «Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo», señaló el ministro.
Este desacuerdo del Ejecutivo no es un hecho aislado, sino que se alinea con las acciones de otras partes involucradas en el procedimiento judicial. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han recurrido la decisión del Supremo, argumentando en favor de la aplicación de la ley de amnistía. Bolaños subrayó que «todas las partes que están allí personadas, incluyendo la Abogacía del Estado y la Fiscalía, han recurrido esa resolución del Tribunal Supremo, excepto Vox».
Espera por la Decisión del Tribunal Supremo
El ministro también instó a esperar el pronunciamiento de la sala de apelaciones del Alto Tribunal, confiando en que esta instancia acoja los «argumentos jurídicos muy potentes» en favor de la aplicación de la ley de amnistía. Según Bolaños, esta ley es «tan clara» que su aplicación debería darse con «toda normalidad» una vez se resuelvan los recursos presentados.
No obstante, Bolaños dejó claro que, a pesar de la discrepancia con la interpretación del Supremo, si la situación lleva a la emisión de una orden de detención contra Puigdemont, «sin ninguna duda, esa orden de detención hay que aplicarla». Esta afirmación subraya el compromiso del Gobierno con el Estado de derecho y la obligación de cumplir con las decisiones judiciales, incluso cuando estas son objeto de recurso.
Operativo de Detención de Puigdemont
En relación con el operativo diseñado para la posible detención de Carles Puigdemont en la frontera entre España y Francia, Bolaños informó que el Ministerio del Interior ha remitido la información solicitada por el juez Pablo Llarena. Este operativo, según el ministro, es una acción normal dentro de las responsabilidades de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana.
Bolaños también recordó que España y Francia son dos países de la Unión Europea con libertad de circulación y sin controles fronterizos, lo que enmarca este operativo dentro de las normativas habituales de cooperación policial en el espacio europeo.
La Transición en Cataluña y el Cupo Catalán
Más allá de la situación jurídica de Puigdemont, Bolaños hizo referencia al «cupo catalán» y la transición política en Cataluña, donde Salvador Illa, del Partido Socialista, ha asumido la presidencia de la Generalitat. El ministro destacó la importancia de este cambio de liderazgo, que considera «lo más importante no solo de este verano, probablemente de este año, quizá de esta legislatura, quizá de esta década en Cataluña».
Según Bolaños, el nuevo gobierno encabezado por Illa marca el inicio de una nueva etapa centrada en atender las necesidades de los ciudadanos en áreas clave como la sanidad, la educación, y los servicios sociales. Este enfoque, dijo, fomentará la cohesión territorial y social, principios fundamentales en la agenda de los gobiernos socialistas.
La postura del Gobierno español en relación con la ley de amnistía y su aplicación en el caso de Carles Puigdemont refleja la complejidad del escenario político y judicial en Cataluña. Mientras se aguarda la decisión final del Tribunal Supremo, el Ejecutivo ha dejado claro su compromiso con el cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales, a la vez que continúa promoviendo un enfoque de gobernanza que priorice las necesidades ciudadanas en Cataluña bajo el liderazgo de Salvador Illa.