Son algunas de las propuestas que han hecho los cuatro ponentes que han intervenido en la comisión no permanente de estudio para alcanzar un pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha, que se ha celebrado este martes en las Cortes regionales.
Representantes de diferentes asociaciones para el desarrollo de los municipios de Castilla-La Mancha y de productores de la región han destacado la necesidad de poner en marcha medidas de discriminación fiscal positiva en los territorios afectados por la despoblación, así como de dotar a estas zonas de conexión a Internet para favorecer la venta en línea y el teletrabajo.
Son algunas de las propuestas que han hecho los cuatro ponentes que han intervenido en la comisión no permanente de estudio para alcanzar un pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha, que se ha celebrado este martes en las Cortes regionales.
Una comisión en la que los participantes han subrayado la importancia de la agricultura, la ganadería y los trabajos forestales para el medio rural y han defendido recursos hídricos suficientes para favorecer el desarrollo agrícola e industrial.
También han asegurado que el entorno rural es “ideal” para teletrabajar y, en este sentido, han reclamado “buenas redes” que permitan a los habitantes de estas zonas realizar su actividad profesional de forma telemática y vender sus productos en línea.
La primera en intervenir ha sido Yolanda Martínez, de la Asociación ‘Impulso a la Jara’, quien ha dividido sus iniciativas en tres áreas: las dos primeras encaminadas a convertir las debilidades en medidas para la reformulación de políticas “igualitarias y justas” y la tercera, a aprovechar las oportunidades como vías para la generación de empleo y atracción de empresas.
Martínez ha incidido en la idea de comarca y en su “singularidad” y ha abogado por favorecer el desarrollo de una ley de comarcalización de Castilla-La Mancha que, entre otras cosas, defina el modelo a seguir para la creación de ‘marcas territoriales’.
En cuanto a la activación del empleo y el emprendimiento, ha apostado por crear una ‘etiqueta de ruralidad’, de discriminación fiscal positiva para las empresas que quieran instalarse en estos territorios; promover planes de formación y empleo, especialmente dirigidos a jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos; impulsar el emprendimiento digital o crear un bono formación con becas para jóvenes de entornos urbanos que decidan formarse en el ámbito rural.
En la misma línea, Vicente Caja, de la Asociación de Productores de Cordero de la Serranía de Cuenca y miembro de Asaja, ha hecho hincapié en que “cuando haya buenos accesos y comunicaciones, desaparecerá la necesidad de emigrar y habrá gente dispuesta a instalarse en los pueblos”.
Por ello, ha reivindicado infraestructuras adecuadas (autovías, carreteras y ferrocarril), señal de telefonía móvil, banda ancha y agua para Castilla-La Mancha, que permita el desarrollo agrícola, industrial y de servicios, además de una lámina estable para la práctica de deportes náuticos en los pantanos.
Del mismo modo, ha reclamado que las actividades agropecuarias cubran los costes de producción, la búsqueda de incentivos para que los jóvenes continúen con ellas, que no haya recortes en la Política Agrícola Común (PAC), reducción de la burocracia y un mejor tratamiento fiscal para quienes vivan en estas zonas.
De su lado, el presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, Jesús Alba, ha apelado a la puesta en marcha de “medidas sencillas” para aprovechar, por ejemplo, el potencial turístico de la región, como habilitar zonas de baño en espacios naturales, rutas en bicicleta y visitas a yacimientos arqueológicos.
También ha apostado por medidas fiscales específicas para favorecer la artesanía, además de por la investigación agrícola, la ganadería extensiva y la transformación de productos forestales para su aprovechamiento como pellet.
De la misma manera, ha llamado a facilitar servicios a los mayores y, en este contexto y a raíz de la pandemia por COVID-19, ha propuesto pequeñas residencias, de unas 25 o 30 personas, “para que si entra algo, sea fácilmente controlable” y para que los usuarios no tengan que irse a otros pueblos y sus familias no pierdan el vínculo.
Finalmente, el presidente de la Asociación de la Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, ha puesto el foco en el reparto de los fondos de cohesión de la Unión Europea y en la necesidad de estudiar la fórmula para que las zonas despobladas del país puedan acogerse a ellos, ante lo cual se ha mostrado “optimista”.
También ha lamentado que no haya habido “reversión de la riqueza al territorio” en relación a los beneficios obtenidos por el trasvase Tajo-Segura y ha demandado un trato fiscal “diferenciado” para favorecer el asentamiento de las empresas y una PAC “similar” a la de las Islas Canarias, que reciben, ha dicho, una ayuda directa “muy superior” a la del ámbito peninsular.
La próxima convocatoria de la comisión sobre despoblación será el 29 de septiembre y las siguientes se celebrarán todos los martes, excepto el 6 de octubre.