Diversos actores del sector agroalimentario español han rechazado este jueves el mantenimiento de los aranceles impuestos por Estados Unidos (EEUU) a productos españoles, a lo que también se opone el Gobierno, que ha reiterado su voluntad de negociar.
Washington anunció este miércoles su decisión de mantener los aranceles adicionales a la importación de productos europeos con ligeros cambios que no afectan a los españoles, por el caso de las ayudas concedidas al consorcio aeronáutico europeo Airbus, consideradas ilegales por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Ejecutivo español ha manifestado su «oposición frontal» a los aranceles adicionales, que perjudican sobre todo al sector agroalimentario, y ha insistido en que seguirá trabajando en favor de una «solución negociada» con la potencia norteamericana.
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Asimismo, ha mostrado su confianza en alcanzar un acuerdo que «revierta la actual dinámica» en las relaciones comerciales entre ambos países y, como muestra de esa voluntad, ha citado el acuerdo al que llegó en julio con Airbus para modificar las condiciones de las ayudas concedidas.
La disputa comercial tiene su origen en los subsidios al consorcio aeronáutico europeo y en los que EEUU ha otorgado al fabricante estadounidense Boeing, un caso sobre el que la OMC podría fallar próximamente.
Tras el anuncio de Washington, el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, ha indicado que «intensificarán los esfuerzos» para encontrar una solución negociada y que la prioridad debería ser «la resolución de la disputa sobre las aeronaves».
Bruselas quiere evitar una guerra comercial y restablecer las relaciones transatlánticas, si bien el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha advertido de que la Unión Europea (UE) debe prepararse para imponer también sanciones en caso de no lograr un acuerdo rápidamente.
En España, varios de los miembros que integran la plataforma de sectores afectados por los aranceles, se han posicionado en contra del mantenimiento de esas tarifas, aunque sin dar una respuesta unitaria.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha expresado su «alivio» por que el Gobierno estadounidense no haya incrementado los aranceles a los productos agroalimentarios españoles, pero ha insistido en que «el problema no ha terminado» y se necesita una «intervención firme de la UE».
Además de FIAB, componen la plataforma los exportadores de aceite de oliva (Asoliva), los exportadores de aceituna de mesa (Asemesa), la industria cárnica (Anice), la industria conservera de pescado (Anfaco), la industria láctea (Fenil), los fabricantes de conservas vegetales (Fenaval) y el sector del dulce (Produlce).
También forman parte la patronal del vino (FEV), la industria del zumo (Asozumos), los fabricantes de café (Aecafé), Cerveceros de España, la patronal de espirituosos (FEBE), las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv).
El portavoz de Asemesa, Antonio de Mora, ha expresado en declaraciones a Efe su «decepción» porque el objetivo «no era que no se subieran los aranceles, sino que se eliminaran», al tiempo que ha alertado de las dificultades para el sector de la aceituna de mesa esta campaña de «enorme incertidumbre» y ha emplazado al Gobierno a «dejar de escudarse en la Unión Europea».
El director de Asoliva, Rafael Pico, ha criticado al Gobierno español y la UE por no haber resuelto todavía la cuestión de los aranceles, una «medida injusta de presión» que está resultando «desastrosa» para el aceite de oliva español.
La FEV ha pedido retomar las negociaciones «al más alto nivel», y ha recalcado que el vino está «siendo víctima de un conflicto ajeno que ya ha perjudicado gravemente a las bodegas españolas en un mercado prioritario como el de EEUU y en un momento especialmente delicado» por la crisis del COVID-19.
Mientras, fuentes del Comité de Gestión de Cítricos (CGC) han mostrado el temor de que su sector pierda el mercado estadounidense por segunda campaña consecutiva, y han lamentado la «falta de información sobre las gestiones del Gobierno español y la Unión Europea».
Por parte de las organizaciones agrarias, el director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, ha manifestado su «descontento» por el mantenimiento de unos aranceles «injustos y desproporcionados», ante las consecuencias negativas que tienen para la exportación agroalimentaria española un mercado importante como el de Estados Unidos.
«Lo suyo hubiera sido que EEUU hubiera retirado los aranceles», ha afirmado el secretario general de COAG, Miguel Blanco, que ha llamado a la UE y a España a seguir negociando con ese país «de manera multilateral y unilateral» para evitar «una guerra de penalizaciones».
Fuentes de UPA han considerado que es «otra derrota que, de nuevo, tendrá que pagar el campo»: «EEUU lleva utilizando al sector agrario como tecla para chantajear a la UE desde octubre; tras haber cedido (con Airbus), no solo no han retirado los aranceles, sino que han atacado a otros compañeros europeos».
Las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han exigido a Bruselas «mayor contundencia política» y han considerado un «cierto alivio» que los aranceles se queden en un 25 % tras la amenaza de aumentarlos en un 100 %.
