Los populares piden explicaciones sobre la contratación del servicio, reclaman documentación del procedimiento y alertan del malestar existente entre los taxistas de la comarca.
El Partido Popular de Almadén, Guadalmez y Agudo ha cuestionado la gestión realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda en la comarca de Almadén y ha reclamado transparencia sobre su contratación y diálogo con el sector del taxi.
El servicio comenzó a funcionar el pasado 9 de septiembre y está diseñado para atender a unos 11.400 habitantes de los municipios incluidos en su ámbito. La Junta establece cinco vehículos con al menos cinco plazas y un sistema de reservas previas mediante aplicación o teléfono.
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Los populares aseguran que la implantación ha provocado malestar entre los profesionales del taxi porque, según trasladan, empresas de otras zonas prestarán el servicio y los taxistas de la comarca no habrían tenido oportunidad de presentar ofertas para participar.
Ante esta situación, el PP reclama al Ejecutivo autonómico que explique “con total claridad” cómo se organizó la prestación y cuál fue el procedimiento seguido para determinar las empresas participantes.
El PP pide documentación sobre la contratación
La formación contrapone distintas declaraciones realizadas por responsables autonómicos durante los meses previos a la puesta en marcha.
Según recuerda el PP, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, había señalado en agosto que el comienzo del servicio se había retrasado porque “se había complicado la licitación”. Posteriormente, según la versión de los populares, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, explicó que el sistema se había articulado con AISA como empresa adjudicataria de la línea y que se estaba instando a la compañía a dialogar con los taxistas.
El PP sostiene que ha solicitado por escrito la documentación correspondiente y quiere conocer si se publicó una licitación específica, sus condiciones y el procedimiento administrativo utilizado para incorporar el nuevo transporte a demanda.
También pide que la Junta aclare si la ampliación del servicio previamente adjudicado a AISA se ajusta al procedimiento legal correspondiente.
El proyecto había sido presentado por el Gobierno regional a responsables municipales de la comarca el pasado 30 de marzo, cuando la Junta anunció su intención de ponerlo en marcha para mejorar la movilidad en esta zona.
Preocupación por el futuro del taxi rural
Otro de los principales argumentos del PP se centra en las consecuencias que, a su juicio, puede tener el nuevo modelo sobre los profesionales que ya operan en estos municipios.
La formación afirma que en la comarca existen 11 licencias de taxi y cinco tarjetas VTC y defiende que estos profesionales llevan años atendiendo desplazamientos de personas mayores, vecinos sin vehículo propio y usuarios que necesitan acudir a citas o realizar gestiones fuera de su localidad.
Los populares reclaman garantías sobre la duración del nuevo sistema y sobre sus condiciones futuras, al considerar necesario evitar que su implantación perjudique la viabilidad económica del taxi rural.
También señalan que este asunto ya habría sido abordado en la reunión mantenida con alcaldes de la comarca el pasado 30 de marzo y consideran que la coordinación con los taxistas debería haberse resuelto antes del inicio del servicio.
Reclaman más información para los usuarios
El PP critica asimismo la información ofrecida a los vecinos y sostiene que todavía existen dudas sobre el funcionamiento práctico del transporte.
El sistema oficial establece reservas anticipadas y puntos de origen y destino incluidos dentro del servicio, además de compatibilizarse con las líneas regulares existentes.
Para los populares, un transporte a demanda “bien diseñado, coordinado con los ayuntamientos y contando con los profesionales de la comarca” puede resultar beneficioso para los desplazamientos entre localidades y para las conexiones con las estaciones ferroviarias.
Por ello, los grupos del PP de Almadén, Guadalmez y Agudo reclaman al Gobierno regional que detalle el procedimiento seguido, facilite la documentación solicitada y mantenga un diálogo con ayuntamientos y taxistas para compatibilizar el nuevo servicio con la actividad de los profesionales que ya trabajan en la comarca.
