Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina están citados este lunes como investigados ante un juzgado de Madrid por haber estafado supuestamente al ayuntamiento de la capital en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia del coronavirus y haberse embolsado más de 6 millones de dólares (unos 5,5 millones de euros al cambio actual) en comisiones.
El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, les espera a partir de las 12.30 horas para tomarles declaración como imputados por supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además del de alzamiento de bienes en el caso de Medina.
Es la primera vez que declaran en sede judicial tras comparecer hace ya un año ante la Fiscalía Anticorrupción, que lleva investigando su actuación desde noviembre de 2020 y que fue quien interpuso la querella que ha dado lugar al procedimiento.
La causa se centra en tres contratos suscritos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, y una mercantil malaya para la compra de guantes, mascarillas y test por los que el Consistorio de Madrid pagó 11,9 millones de dólares (unos 11 millones de euros). Según la Fiscalía, Luceño fijó e «impuso» los precios al ayuntamiento y ocultó que «un elevado porcentaje» de esa cantidad iría a parar a sus cuentas y a las de Medina a través de comisiones que ascendieron a más de 6 millones de dólares. El papel de Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, habría sido el de nexo entre el Ayuntamiento de Madrid y Luceño «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde».
En los últimos días el magistrado del caso se ha encontrado con un problema añadido: en las cuentas de los empresarios no hay dinero suficiente para asegurar las responsabilidades económicas que se les podrían imponer. Por eso ha reclamado casi 900.000 euros de fianza a Medina y le ha imputado el delito de alzamiento de bienes.
Está por ver qué ocurre con Luceño, quien recientemente ha remitido un escrito al juez en el que asegura que no incurrió en este delito y se ha comprometido a seguir aportando dinero hasta alcanzar la cantidad que le exigen como fianza las acusaciones. La Fiscalía ha solicitado al juez que tome medidas para asegurar el reembolso de los 5,5 millones de euros que pudo cobrar en comisiones. Luceño detalla en el escrito todos los gastos tanto personales como de su empresa Takamaka Invest para justificar el estado de sus cuentas, fruto del «día a día familiar desde hace dos años».
Tras la declaración de ambos este lunes, el PSOE, acusación popular en la causa, tiene previsto pedir la imputación por malversación de caudales públicos de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, citada el 9 de mayo como testigo.