Estima que no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho.
Un juez de Madrid ha denegado la petición de la Fiscalía de retirar de forma cautelar el cartel electoral de Vox sobre menores extranjeros inmigrantes colocado en instalaciones de Cercanías de Renfe.
Fuentes jurídicas han informado de que el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia, ha rechazado la medida cautelar al estimar que no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho.
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El Ministerio Fiscal presentó una denuncia ante el Juzgado de instrucción 53 de Madrid por un posible delito de odio en dicho cartel, que se exhibe en instalaciones de Cercanías Renfe de Madrid, y muestra en un lado una anciana y en el otro a un joven inmigrante embozado y encapuchado, con el texto “Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes. Protege Madrid, vota seguro”.
Y como medida cautelar solicitaba la retirada del polémico cartel electoral para los comicios autonómicos con el objeto de proteger a los menores de ataques “gratuitos y prejuiciosos” y porque “estos menores no nacionales son menores que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional”.
La Fiscalía cree que en él “se traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena (menor extranjero no acompañado) enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial”.
Esto es porque, sostiene la Fiscalía, es ese “el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado”.
Destacaba así que el cartel muestra a un joven “racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo”.
Ello, abunda, los convierte en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por su edad como por el desarraigo que padecen a causa en su origen extranjero.
Lo que exige “una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”.
