a 203 presos etarras, 73 de los cuales han sido enviados directamente a cárceles vascas. La competencia penitenciaria en dicha comunidad recae en manos del Gobierno autonómico, por lo que corresponde al PNV decidir sobre los permisos penitenciaros o cambios de grado que puedan servir para acortar la pena de los presos de ETA. Esta es la situación de los miembros de la banda terrorista que permanecen encarcelados a día de hoy, cuando se cumplen 10 años del cese de la violencia.
Un aniversario que ha estado marcado, además de por los actos de homenaje, por las palabras pronunciadas el lunes por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que supeditaba la excarcelación «de los 200 presos de ETA» al apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Unas declaraciones, emitidas pocas horas después de asegurar que el dolor de las víctimas de ETA «nunca tendría que haber ocurrido», que han puesto en un compromiso al Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a desmentir a Otegi, mientras que la oposición de PP, Vox y Ciudadanos ha arremetido contra el Ejecutivo por apoyarse en la izquierda abertzale y le ha exigido romper su pacto y rechazar sus votos.
«No rotundo»
«¿Va usted a sacar de la cárcel a doscientos terroristas para que le apoyen los presupuestos? Responda: ¿sí o no?», ha preguntado el líder del PP, Pablo Casado, a Sánchez. «Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo, un no rotundo», ha replicado el presidente del Gobierno.
Pero no ha convencido al PP, que ha recordado que ya negó que pactaría con EH Bildu y tampoco a Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, ha dicho que si «no rompe» con el «portavoz de los etarras» todo lo demás es «palabrería». Santiago Abascal, presidente de Vox, ha asegurado que el Congreso votará los «presupuestos de ETA».