El Gobierno convertirá el Valle de los Caídos en cementerio civil y los benedictinos saldrán «automáticamente».
La futura ley de Memoria Democrática, que este martes ha pasado su primer trámite en el Consejo de Ministros, declarará «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo y permitirá, según cálculos del Gobierno, recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.
El anteproyecto de la norma, que ahora pasará por el examen jurídico del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta.
Para resignificar el Valle de los Caídos como cementerio civil, se retirará a los benedictinos la custodia de la basílica, aunque, de momento, no está sobre la mesa demoler la gran cruz que preside el recinto.
Estos son algunos de los puntos más destacados de una ley que ahora comienza su tramitación y que prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», algo que ya ocurre en otros países europeos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha impulsado la norma, ha explicado que el nuevo texto plantea también suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el ducado de Franco.
Asimismo, se retirarán las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida en su día al policía fallecido Billy el Niño.
Dentro de las medidas para recordar y rendir tributo a las personas que padecieron la dictadura, se transformará el actual Panteón de Hombres Ilustres en un Panteón de España, donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles de la política, la ciencia o las artes.
En materia de fosas, se creará un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación, aunque antes será necesario elaborar un censo oficial de víctimas, ya que, aunque hay estimaciones históricas, no existen datos fiables al respecto.
De momento, y hasta que entre en vigor la nueva normativa, el Ejecutivo continuará tramitando subvenciones al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para que las asociaciones puedan seguir trabajando en las exhumaciones.
En este ámbito, la futura ley creará una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura y a la que podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.
El Gobierno no ve en principio que esta Fiscalía, que define como «potente» y cuya activación exigirá la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, choque con la Ley de Amnistía de 1977.
De hecho, el papel de la Fiscalía especial y la declaración de nulidad de los juicios sin garantías de la dictadura constituyen algunos de los aspectos más delicados, desde el punto de vista jurídico, que se tendrán que esclarecer durante la tramitación de la ley.
No obstante, el Ejecutivo está convencido de que el planteamiento es viable y pertinente, al invocar en todo momento las recomendaciones de organismos internacionales.
Más allá de estos aspectos jurídicos y en el ámbito más simbólico, el anteproyecto incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles.
En esta línea, la norma incluye la atención a colectivos especialmente reprimidos por la dictadura, como mujeres u homosexuales, así como a la etnia gitana.
La protección de los archivos que permitan recuperar ese legado, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos e incluso el retorno a España de fondos documentales del exilio también se incorporan a esta ley de Memoria Democrática.
Mención aparte tendrá el ámbito educativo, ya que el estudio de la Memoria Democrática se incorporará al currículum de la educación secundaria y el bachillerato y también a la formación del profesorado.
A diferencia de la Ley de Memoria Histórica en vigor, aprobada durante el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero, el anteproyecto prevé un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros para casos muy graves, como la destrucción de fosas comunes, el traslado no autorizado de restos o el daño o menoscabo a lugares reconocidos como de «memoria democrática».
Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo y, como se tardará «mucho tiempo» en aplicar, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria.
Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un «texto urgente», porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta», que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo.