A partir de que se apruebe la nueva Ley estatal de Telecomunicaciones, «en septiembre u octubre», tanto cabinas como guías de teléfono dejarán de ser consideradas como un servicio universal obligatorio, aunque «se mantendrán seguramente» en funcionamiento hasta el 31 de diciembre, asegura a el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.
Telefónica es el operador que está obligado a mantener este servicio tras un concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital y que habitualmente queda desierto. Ningún operador puja por este servicio.
La última adjudicación se produjo hace dos años, en diciembre de 2019, y expirará el 31 de diciembre de 2021. «Lo que no se hará será renovar», explica el secretario.
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Telefónica no desvela sus planes de desmantelamiento de las cabinas, aunque recuerda un proyecto piloto que está llevando a cabo en Andalucía, donde estas estructuras se usan como puntos de recarga o de información turística. De momento, no desvela si este será su futuro.
Según datos facilitados por Telefónica, en España, al cierre de 2020, había 14.824 cabinas de teléfono, que registraron una media 0,17 llamadas al día, lo que quiere decir una llamada semanal de promedio.
SU USO SE REDUJO A MÁS DE LA MITAD EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
Para hacerse una idea del declive, las 0,17 llamadas al día suponen reducir a más de la mitad la media que se había registrado hace poco más de dos años, y que ya era baja: 0,37 llamadas al día, es decir, un uso cada tres días, según datos de Telefónica.
La irrupción de la telefonía móvil ha sido la causa principal de la caída en desuso de estas estructuras. Ya en 2006, se registraron más líneas de teléfonos móviles que habitantes.
De hecho, más del 88 % de la población reconoce no haber usado nunca una cabina, que hace muchos años desaparecieron en países vecinos a España, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hacen referencia a datos del Eurobarómetro 2014.
Telefónica no desvela el coste del mantenimiento de estas cabinas, aunque seguramente es bastante superior a los 4,5 millones de euros anuales si se tienen en cuenta también los últimos datos de la CNMC.
El organismo regulador, que revisa las condiciones de la prestación del servicio, publicó datos de 2016, en los que se reflejaba que el coste de mantener estas estructuras era de 4,5 millones de euros y que este se había multiplicado por diez en cuatro años.
Así, mientras el coste de estas estructuras en 2012 era de 399 millones de euros, en 2013 este ascendió a 1.202; 1.328 en 2014; 2.070 en 2015 y 4.518, en 2016.
UNA CABINA EN TODOS LOS PUEBLOS DE 1.000 HABITANTES
El servicio universal, recogido en la Ley de Telecomunicaciones, garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Esto supone que las poblaciones con más de 1.000 habitantes deben hasta ahora tener al menos una cabina instalada, y otra adicional por cada 3.000 habitantes.
Que desaparezcan las cabinas no quiere decir que desaparezcan los teléfonos públicos, apunta el secretario de Estado.
LA NUEVA LEY NO FIJARÁ VELOCIDAD MÍNIMA
Por otro lado, y dentro también del servicio universal obligatorio, figura el dar acceso a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija con capacidad de banda ancha a una velocidad de conexión de al menos 1 megabit por segundo (Mbps).
Esta obligatoriedad también cambiará con la nueva ley, que no especificará velocidad alguna, aunque apuntará que ésta ha de ser la adecuada para ofrecer un conjunto de servicios básicos como correo electrónico, acceso a plataformas etc.
Un reglamento posterior será el que detalle la velocidad obligatoria, según explica Sánchez, que afirma que de esta forma será más fácil adecuarla a los tiempos, que sí se establece por ley.
El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, que por ejemplo también iguala las servicios con numeración a los de sin numeración, salió a información pública el pasado septiembre y ha recibido 43 alegaciones, que están en fase de estudio, según desvela Sánchez.
El igualar estos servicios supone que todos deben pagar impuestos, del orden de 1 euro por cada 1.000 de facturación si se ingresa más de 1 millón de euros al año. Esto de momento no afectará a operadores como Whatsapp, o Telegram, porque hasta ahora son gratuitos, explica el secretario de Estado.
