La Audiencia de Sevilla ha condenado a un vecino de Utrera a un año y tres meses de prisión por un delito de corrupción de menores. La sentencia, emitida el pasado 8 de julio y recogida por Europa Press, deriva de la distribución y acumulación de material pedófilo por parte del condenado, quien compartió a través de Facebook tres imágenes de contenido pedófilo con un contacto en Perú y almacenó 41 archivos de la misma naturaleza en sus equipos informáticos.
Investigación Internacional
El caso fue descubierto a principios de enero de 2019, cuando la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid recibió comunicaciones de la ONG estadounidense NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), en el marco de la cooperación internacional para la lucha contra la pornografía infantil. La ONG alertó sobre imágenes de contenido pedófilo compartidas desde España a través de la red social Facebook.
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla abrió una investigación y constató que las imágenes pedófilas habían sido subidas desde direcciones IP ligadas a un domicilio en Utrera, dirigidas a un usuario de Lima (Perú).
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Material Pedófilo en el Domicilio del Acusado
La investigación reveló que el acusado, de 61 años, había descargado y guardado diversas fotos de contenido pedófilo desde Internet, en las que aparecían menores de aproximadamente seis años en situaciones de carácter sexual. En mayo de 2019, durante el registro domiciliario, las autoridades constataron que en los equipos informáticos del condenado figuraban 41 archivos de contenido pedófilo, en los que se mostraban niños y niñas de entre 4 y 14 años en actitudes sexuales con adultos.
Sin Difusión Masiva
La sentencia subraya que no consta que el condenado hubiera dado difusión a estos archivos más allá del contacto con el usuario en Perú. Según el fallo, el acusado tenía estas imágenes para su satisfacción personal.
Condena y Sanciones
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha impuesto al acusado una condena de un año y tres meses de cárcel por un delito de corrupción de menores, así como tres años y tres meses de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores. Además, deberá cumplir un periodo de libertad vigilada postpenitenciaria por el mismo tiempo.
