La Diputación y la Audiencia Provincial apoyan con 30.000 € la figura del facilitador judicial, que ya ha intervenido en 13 casos desde febrero y promueve una justicia más inclusiva.
Una figura pionera financiada con colaboración institucional
La Diputación de Ciudad Real, en colaboración con la Audiencia Provincial y la asociación Laborvalía, presentó este viernes un proyecto innovador: la figura del facilitador judicial, que acompaña a personas con discapacidad en los procedimientos ante la Administración de Justicia. Con una financiación provincial de 30.000 € y un convenio total de 80.000 €, la iniciativa ya ha asistido en 13 procedimientos desde su puesta en marcha el pasado mes de febrero. Es la primera provincia de España sin competencias transferidas en Justicia que lo ofrece sostenido por una Diputación.
Un proyecto alineado con estándares nacionales y europeos
El proyecto responde a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 13 insta a los Estados a garantizar un acceso igualitario a la justicia. También se dirige por el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige adaptaciones procesales. Así lo explicó la vicepresidenta de Atención a las Personas, Encarnación Medina, durante la presentación: una actuación que avanza hacia la igualdad y la inclusión.
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Psicóloga especializada: perfil y funciones del facilitador
El facilitador, en este caso una psicóloga especializada, acompaña a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. Su función es adaptar el lenguaje jurídico, explicar fases del procedimiento, facilitar el entorno físico y emocional y asegurar que el usuario comprenda y participe activamente. Es un perfil neutral, no decisor, cuyo fin es garantizar que nadie quede excluido de la tutela judicial efectiva.
Llamadas institucionales y apoyo político decisivo
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, quiso subrayar que el proyecto nace de una demanda de la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón, quien presionó para su creación. Con este programa, Valverde celebró “un antes y un después en la construcción de una sociedad más inclusiva”. Asimismo, agradeció al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno, su presencia, que otorgó carácter nacional al acto, e insistió en que la Diputación debe adaptarse a los tiempos y necesidades sociales, como demuestra este programa vanguardista.
Formación, sensibilización, investigación e intervención directa
El proyecto se asienta sobre cuatro pilares:
- Intervención directa: acompañamiento durante los procedimientos judiciales (13 casos atendidos).
- Formación y sensibilización: seis acciones divulgativas, 22 sesiones formativas, con impacto en casi 700 personas y más de 80 profesionales.
- Investigación: desarrollo de metodologías y herramientas para el acompañamiento legal.
- Difusión pública: jornadas, actos e iniciativas de concienciación para los ciudadanos y profesionales.
En total, se ha alcanzado a 690 personas con discapacidad intelectual, 86 profesionales y 18 centros provinciales, consolidando así el trabajo comunitario e interinstitucional.
Participación social: agradecimientos y futuras referencias
El presidente de Laborvalía, Raimundo Alcaide, valoró cómo el servicio ha permitido mejorar los procedimientos judiciales y proteger derechos fundamentales. Destacó su orgullo por una provincia que “puede servir de ejemplo” para otras. Por su parte, el líder de CERMI expresó que el proyecto demuestra que este derecho “es posible y factible” por parte de una institución local, y emplazó a que otras administraciones lo repliquen y lo regulen a nivel nacional.
Una transformación institucional con efectos visibles
Valverde destacó que, aunque el presupuesto “no es muy elevado”, el programa genera impactos profundos en la accesibilidad y la justicia real. Subrayó que es responsabilidad de las administraciones “actuar en favor de los más vulnerables” y que este servicio refuerza la legitimidad e identidad inclusiva de la Diputación.
Primer paso para un modelo replicable en España
La puesta en marcha de esta figura supone un paso pionero en un territorio sin competencias transferidas. El objetivo es que sirva como referencia nacional, hasta que la propia Administración de Justicia institucionalice el facilitador como derecho universal.
Conclusión: hacia una justicia sin barreras
El programa del facilitador judicial en Ciudad Real ejemplifica cómo una actuación coordinada entre instituciones, entidades sociales y administración local puede garantizar el acceso efectivo a la justicia de todas las personas. Una medida pequeña en inversión y monumental en cambio social.
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