Los residentes de las urbanizaciones ubicadas entre las calles Galicia, Coruña, Valladolid y Lanzarote denuncian el corte total de la calle Valladolid por obras, sin avisos ni alternativas viales.
Cortes improvisados, vecinos desinformados
La jornada del 21 de julio volvió a evidenciar en Puertollano una alarmante falta de planificación urbana. Esta vez, en el barrio del Poblado, donde la calle Valladolid —única vía de acceso a varias urbanizaciones— fue cerrada al tráfico sin previo aviso ni señalización, generando una situación de caos y riesgo vial que los vecinos denuncian como “insostenible”.
Según testigos, la obra, ejecutada por una empresa que trabaja para Aguas de Puertollano, bloqueó por completo la calzada sin ofrecer desvíos alternativos ni pasos habilitados. La única solución para los vehículos es subir por la calle Pontevedra y circular en dirección contraria por la calle Galicia, con los peligros que ello conlleva.
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Una calle crítica, cortada sin plan
El corte afecta directamente a las urbanizaciones comprendidas entre las calles Galicia, Coruña, Lanzarote y Valladolid, que dependen exclusivamente de esta vía para entrar o salir. Entre los afectados no solo hay residentes, sino también vehículos de reparto, personal sanitario, servicios de emergencia y transporte, que se encontraron sin ruta viable y expuestos a maniobras forzadas en calles estrechas y sin visibilidad adecuada.
No se colocó una sola señal, cartel informativo ni cinta de advertencia. Esta falta de previsión es la que ha desatado la indignación vecinal. Los residentes de El Poblado denuncian que no se trata de una anécdota aislada, sino de una práctica reiterada que muestra una ausencia total de coordinación entre las empresas contratistas y los servicios municipales.
¿Quién autoriza estos cortes?
La principal pregunta que sobrevuela en el barrio es clara: ¿quién autorizó el corte total de una calle tan crítica sin medidas de seguridad ni alternativas? Si la empresa actuó sin permiso, los vecinos exigen responsabilidades. Pero si lo hizo con autorización oficial, entonces la Policía Local y el área de Urbanismo quedan en entredicho por no haber activado protocolos de señalización, desvíos y aviso a la ciudadanía.
La normativa vigente en materia de obras públicas establece que todo corte de vía debe ir acompañado de un plan de tráfico provisional, señalización clara y medidas de seguridad vial, especialmente si afecta a zonas residenciales.
Peligro real para emergencias
Lo sucedido no solo ha generado malestar, sino preocupación real por la seguridad. Vecinos se preguntan qué ocurriría si una ambulancia necesitara acceder con urgencia a una de estas urbanizaciones, y se encuentra con la vía cortada y sin rutas definidas. La ausencia de planificación podría suponer retrasos fatales, y en algunos casos, si el vehículo es de mayor porte, la imposibilidad de maniobrar.
Denuncia vecinal: indignación y hartazgo
“La improvisación no puede ser la norma”, critican los afectados, que se sienten relegados y olvidados por el Ayuntamiento. Aseguran que no es la primera vez que ocurren episodios de este tipo, en los que las obras se ejecutan sin pensar en las consecuencias para los ciudadanos.
Muchos residentes expresan su frustración por lo que consideran un desprecio sistemático a esta zona de El Poblado, y denuncian la falta de sensibilidad por parte de los responsables técnicos y políticos.
Llamado urgente a la coordinación institucional
Los vecinos exigen al Ayuntamiento de Puertollano, a Aguas de Puertollano, y a los departamentos responsables de obras y tráfico que se establezcan protocolos claros y públicos para la gestión de cortes de calle. Reclaman que:
- Toda obra incluya plan de tráfico alternativo validado.
- Se coloquen señales visibles, con antelación suficiente.
- Se informe a los vecinos por canales oficiales.
- Se garantice el acceso seguro a servicios esenciales.
La planificación urbana está en juego
Lo ocurrido en la calle Valladolid no es solo un fallo puntual. Es, en palabras de los residentes, un síntoma de una planificación deficiente, una gestión que no pone al ciudadano en el centro y que minimiza el impacto que una mala ejecución puede tener en la vida cotidiana de cientos de personas.
“El progreso de una ciudad no se mide por los metros de tubería que se cambian, sino por la capacidad de anticipar consecuencias y proteger a su gente”, resume uno de los vecinos indignados.
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