La patronal Foment del Treball y la Asociación de Propietarios de Cataluña piden una reforma de la ley española para que los desalojos, en caso de ocupación ilegal, se puedan llevar a cabo en un máximo de 72 horas. De hecho, el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, pide que se homologue la normativa española a la de «la mayoría de estados europeos», en los que los desalojos son «inmediatos».
Hay que tener en cuenta que en España el número de ocupaciones ilegales se incrementaron el año pasado un 18 %; se produjeron en los primeros nueve meses del año unas 13.300 okupaciones, de las que un 42 % tuvieron lugar en Cataluña.
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Y más allá de esta cuestión, piden a las administraciones un «plan de choque» para que haya más alquiler social y poder reducir las ocupaciones delincuenciales. Foment y la Asociación de Propietarios consideran que esto es una «lacra social» que atribuyen a las «mafias que se aprovechan de las familias vulnerables».
Y en relación a la reforma de la ley en España, ésta iría en tres direcciones. Por un lado, se trataría de modificar el artículo 13 de la ley de enjuiciamiento criminal para que efectivamente se pueda producir el desalojo del okupa «inmediatamente» por parte de un juez; también se tendría que reformar el régimen de bases locales para que los ayuntamientos puedan coordinar a las fuerzas locales; y además habría que modificar la ley de la propiedad horizontal para que las comunidades de propietarios puedan actuar ante las okupaciones ilegales. Según Foment, el PdeCat llevará esta cuestión al Congreso de los Diputados en septiembre.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera, considera imprescindible que se endurezca la legislación teniendo en cuenta la «actual impunidad», que provoca un «efecto llamada». En definitiva, dice, al okupa no le acaba pasando «nada». Y ha insistido en que parte de responsabilidad en relación a esta situación la tienen las mafias organizadas, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de muchas familias. Y, todo ello, unido, en el caso de Barcelona, al hecho de que apenas ha aumentado el parque de vivienda social.
