La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene este viernes una cita a las 10.30 ante el juez. La líder de En Comú Podem declarará como imputada por haber otorgado, supuestamente, subvenciones a entidades afines. La Justicia tiene que dilucidar si la regidora ha incurrido en los presuntos delitos de presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Ella y su equipo aseguran que no hay indicio de delito alguno y, por eso, se sentará en el juzgado de Instrucción 21 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) muy «tranquila».
El juzgado abrió un procedimiento contra ella tras aceptar la querella que interpuso la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) y que presentó en diciembre. Fue la Fiscalía Anticorrupción quien asumió la investigación. Colau siempre defendió que los hechos por los que se la investiga ya los archivó Fiscalía en julio de 2021, tras abrir una investigación por hechos similares y que llevaron al Ministerio Público a descartar irregularidades en la concesión de subvenciones públicas.
La primera edil aseguró que estaba tranquila y dispuesta a colaborar con la justicia y puso el foco en quién hay detrás de la entidad que ha interpuesto la querella: «No se conoce actividad, quiénes son, ni como se financian», zanjó. Por ello, la lideresa de los comunes ve una clara intencionalidad política tras la denuncia que la acecha.
«Me da rabia que se quiera criminalizar a unas entidades sociales y quererlas mezclar con corrupción cuando lo que es la corrupción son grandes empresas con ánimo de lucro que compran políticos y técnicos para tener acceso a contratos públicos. Esto es corrupción», argumentó Colau.
Algunas de las entidades señaladas por haber recibido esas presuntas subvenciones son el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona y Aigua és Vida, entre otras. Todas ven también en la querella la intención de «desprestigiar a las entidades y movimientos sociales que incomodan».
La defensa de la alcaldesa, además, ve «mala fe procesal» en la querella porque asegura que oculta que la Fiscalía archivó los mismos hechos por los que se la investiga ahora. Y eso ha provocado que la Justicia actuara con normalidad y que, por tanto, citara a declarar a la alcaldesa, según explicó el letrado de la regidora barcelonesa, Àlex Solà.
Colau pidió que se archivara el caso
La defensa de Colau presentó un recurso pidiendo al juez que archivara el caso, argumentando que no hay «ningún indicio material» contra ella, y tramitó hasta ocho informes técnicos para que el juez dispusiera de toda la información necesaria antes de la declaración. El problema para Colau es que el juzgado rechazó el recurso alegando en su resolución que el hecho de que la Fiscalía archivara una denuncia similar no impide que se abra una nueva investigación.
Además, el juzgado apunta que «el auto de admisión lo único que hace es dar inicio a una investigación cuando entiende el juzgador que existen unos hechos que presentan indiciariamente los caracteres de delito, no implicando nada más», de manera que mantuvo la citación de Colau.
La alcaldesa de Barcelona descartó dimitir desde el primer momento por esta cuestión siguiendo el código ético de su formación, BComú, que obliga a hacerlo solo a quien sea imputado por un caso de corrupción con ánimo de lucro. Colau defendió siempre su presunción de inocencia y la del Ayuntamiento que dirige: «Estoy tan convencida de la inocencia y defenderé tanto el buen nombre de las entidades, que estoy convencida de que no hay caso», espetó.
A la espera de Díaz
Colau está a la espera de los pasos que da la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El interés de la regidora barcelonesa es aliarse junto a la líder del espacio de Unidas Podemos para coaligarse con ella en la futura plataforma con la que Díaz concurrirá, supuestamente, en las próximas elecciones generales. Es más, fuentes de Unidas Podemos de alto nivel la ven con ganas de dar el salto a Madrid, a la política nacional.
Colau lleva al frente del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015, cuando la eclosión de Podemos y su fuerza electoral la catapultó al frente junto a Manuela Carmena en Madrid. No obstante, ella logró revalidad el cargo en 2019 gracias al auxilio de Manuel Valls, de Ciudadanos, cuya formación decidió darle apoyo para evitar que los independentistas de ERC tomaran el consistorio catalán. Y es que el Ayuntamiento de Barcelona es el segundo centro de poder en Cataluña tras el Palau de la Generalitat.