Paralelamente al proceso de consulta pública previa que ha iniciado esta semana, el Mitma va a formar cuatro grupos de trabajo: uno con representantes del sector social, otro con promotores inmobiliarios, un tercero de agentes del ámbito de la propiedad inmobiliaria (agentes de la propiedad, notarios, registradores) y también un grupo de juristas.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, quiere que la ley de vivienda que aspira a presentar este año sea lo más debatida, participada y consensuada posible con el sector inmobiliario, las organizaciones sociales y las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por eso, paralelamente al proceso de consulta pública previa que ha iniciado esta semana, el Mitma va a formar cuatro grupos de trabajo: uno con representantes del sector social, otro con promotores inmobiliarios, un tercero de agentes del ámbito de la propiedad inmobiliaria (agentes de la propiedad, notarios, registradores) y también un grupo de juristas.
Estos grupos irán analizando las propuestas y recogiendo las inquietudes de los participantes en la consulta previa, que estará abierta hasta el próximo 15 de noviembre.
Con las aportaciones que reciban, el Gobierno elaborará el anteproyecto de Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, que podría estar listo «a finales de año o principios del año que viene y podría entrar en el Congreso en el primer semestre de 2021, si la covid-19 lo permite», ha señalado a Efe el secretario general de Vivienda, David Lucas, que se enfrenta a la dificultad de que los grupos no puedan trabajar de forma presencial.
En su hoja de ruta también está «debatir bastante con las comunidades autónomas, que son las que tienen la mayor parte de las competencias, y con los ayuntamientos».
El objetivo de la ley es «regular las políticas de vivienda como servicio público de interés general», es decir desarrollar el artículo 47 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Después de 40 años de regulaciones parciales y leyes sectoriales, como la de propiedad horizontal, la de arrendamientos urbanos, la de cooperativas, la de ordenación de la edificación y el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, con la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda habría por primera vez un marco normativo general, que además serviría de referencia a las comunidades, poseedoras de la mayor parte de las competencias.
Lucas ha avanzado que la futura ley tendrá que conjugar dos hechos fundamentales: la función social que tiene que desempeñar la propiedad para garantizar el derecho a una vivienda digna y la protección a la propiedad privada.
El objetivo último es generar un parque público de viviendas que sea estable en el tiempo, con cooperaciones y planificaciones interadministrativas y dotado de transparencia.
Aunque no quiere aventurar nada, Lucas confirma que la ley hablará del alquiler, de los diferentes usos que pueda haber de los suelos y del derecho de superficie para desarrollar esos parques estables en los próximos años.
De lo que previsiblemente no hablará será de la limitación de los precios del alquiler, una posibilidad cada vez más lejana para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que congratula a prácticamente a todo el sector.
Lucas sostiene que «la mejor política de alquileres para establecer precios asequibles son las políticas de oferta» y que hay que esperar a ver cómo evoluciona el mercado en esta crisis.
«La covid ha modificado todo; ha habido grandes acuerdos entre arrendatarios y arrendadores, que han modificado los precios de los alquileres, y la incorporación de apartamentos turísticos al alquiler general ha aumentado la oferta», recuerda.
Con los precios a la baja y la segunda ola de la pandemia acechando a la economía, Lucas asegura, no obstante, que «se podrá debatir de todo» y que espera que «cualquier medida pueda tener los consensos suficientes».