El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha activado este martes la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales, cuyo objetivo es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones generales del 23 de julio.
Esta red, que se ha activado en los procesos electorales convocados desde 2019, sigue las recomendaciones de la Unión Europea para salvaguardar el derecho al voto de los ciudadanos en medio de un contexto internacional sujeto a nuevas amenazas sobre las comunicaciones y sistemas informáticos, además de a procesos de desinformación.
“Necesitamos permanecer muy atentos a esas amenazas para evitar interferencias de quienes no creen en la democracia y pretenden influir difundiendo mentiras”, ha señalado Grande-Marlaska durante la reunión.
Para acometer su trabajo y con el objetivo de integrar esta red nacional dentro de la Red Europea de Seguridad en Elecciones, sus acciones se estructuran en cuatro grandes bloques: proceso electoral, protección de datos personales, seguridad física y ciberseguridad, y desinformación.
La red está formada por la Junta Electoral Central Presidencia del Gobierno, los ministerios del Interior, Defensa, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Agencia Española de Protección de Datos y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Para garantizar el desarrollo del proceso electoral, los principales actores que participan en la Red son la Dirección General de Política Interior, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consultares, el Centro Criptológico Nacional y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Por su parte, la Agencia Española de Datos será la encargada de vigilar los ataques que puedan producirse en el tratamiento ide los datos de carácter personal.
En el ámbito de la seguridad física de los comicios, en el que se incluye el despliegue de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, la red se ocupará también de la protección frente a las ciberamenazas, una misión en la que intervendrán también los Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) de la Administración, la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (OCC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional (CCN). Por último, el Departamento de Seguridad Nacional coordinará la lucha contra las campañas de desinformación, una tarea en la que tienen también un papel fundamental la Secretaría de Estado de Comunicación y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación