España hará en octubre otro estudio de seroprevalencia después de que haya sumado 300.000 contagios desde junio

arroyomolinois
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El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este miércoles realizar tres nuevas oleadas del estudio nacional de Seroprevalencia ENE-COVID, en octubre de este año, en febrero y en junio de 2021. 

«Permitirá ampliar el conocimiento de la evolución de la pandemia, obteniendo una fotografía de su evolución», ha asegurado el ministerio tras el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado esta tarde. 

La primera oleada del primer estudio apenas reflejó una inmunidad del 5% de la población española, un porcentaje inferior al que esperaban los expertos tras la enorme incidencia de la pandemia en España, que deja ya 29.628 fallecidos según las cifras oficiales de Sanidad (una cifra que otras fuentes sitúan por encima de los 40.000 muertos).

El porcentaje de españoles que pasó la Covid se mantuvo en el 5% tras la segunda ola del estudio de prevalencia que se conoció el 6 de junio. Y también tuvo una cifra similar en la tercera oleada de julio. En aquel momento eran 252.130 los contagios notificados en España. Este miércoles 9 de septiembre, algo más de tres meses después, los casos están disparados hasta los 543.379 contagios(casi 300.000 más que cuando se realizó el estudio en julio) y el país está inmerso en una segunda ola de la pandemia.

Este segundo estudio de seroprevalencia es una de las medidas de coordinación entre todas las administraciones para hacer frente a la epidemia provocada por el Covid-19 que se han acordado esta tarde entre el ministro Illa y los consejeros autonómicos sanitarios. Otra de esas medidas es que los cribados en población asintomática se realicen bajo los criterios de los servicios de Salud Pública de las C CAA

«La información de interés que resulte del cribado se compartirá en el seno del Consejo Interterritorial del SNS con el objeto de ampliar el conocimiento técnico», dice el ministerio.

Vacunación

Otra de las medidas acordadas ha sido la puesta en marcha de una estrategia de vacunación común contra el COVID-19 y la creación de un registro estatal «teniendo en cuenta la opinión de expertos en bioética y de sociedades científicas». Las comunidades, por su parte, se comprometen a disponer de todos los materiales, equipos y recursos necesarios para la administración de las vacunas que provea el Ministerio de Sanidad.