En la mañana del jueves, trabajadores de una empresa encargada de trasladar expedientes judiciales desde el Juzgado en Puertollano hasta un nuevo archivo, encontraron todas las estanterías caídas al ingresar a las instalaciones. Se presume que el incidente ocurrió durante la madrugada, y se considera afortunado que no haya habido personal presente, ya que podrían haber resultado gravemente heridos.
El martes previo, un experto en prevención de riesgos de una empresa externa había visitado el lugar para realizar una evaluación de riesgos de seguridad y salud, cumpliendo con un requerimiento de la Inspección de Trabajo al Ministerio. En septiembre de 2022, la Inspección de Trabajo había solicitado al Ministerio de Justicia que revisara el Plan de Riesgos Laborales del edificio, debido a una denuncia de constantes incumplimientos de medidas de prevención durante las obras de remodelación de la sede judicial.
Un representante del Comité de Seguridad y Salud de Ciudad Real, presente durante la visita del experto en prevención de riesgos, había alertado sobre el peligro que representaban las estanterías del archivo, construidas con material pesado y sin anclaje. Los funcionarios de Auxilio Judicial, responsables de archivar los procedimientos, podrían haber estado en riesgo.
Se menciona que una de las empleadas había notificado a la gerencia territorial sobre la posibilidad de colapso de las estanterías y se había ofrecido a pagar por los tornillos necesarios para asegurarlas. La gerencia respondió que el anclaje se realizaría después del traslado definitivo. Sin embargo, la empresa encargada del traslado no quiso responsabilizarse por el anclaje, alegando que no estaba incluido en el presupuesto. Como resultado, durante meses nadie se hizo cargo de garantizar la seguridad de los empleados encargados del archivo judicial.
La evaluación de riesgos de seguridad y salud de los trabajadores del Juzgado de Puertollano se llevó a cabo debido a la denuncia de un representante del Comité de Seguridad y Salud y delegado sindical, quien, después de varias advertencias a la empresa y a la gerencia territorial del Ministerio de Justicia, no tuvo más opción que acudir a la Inspección de Trabajo para solicitar una revisión urgente del Plan de Evaluación de Riesgos del edificio.
El colapso de casi la totalidad de las estanterías del archivo se considera el incidente más grave, pues ha puesto en riesgo la salud e incluso la vida de los trabajadores. Es inadmisible que se haya llegado a esta situación, y lamentablemente, este tipo de circunstancias podrían repetirse, ya que otros órganos judiciales de la provincia tampoco cuentan con un Plan de Riesgos actualizado. Ante la pasividad de la Administración, se prevé que se realicen nuevas denuncias a la Inspección de Trabajo por incumplimientos en otros casos.