El aluvión de casos de violencia de género y la liberación anticipada de varios agresores sexuales han aumentado la presión sobre el gobierno español, que destaca enfáticamente sus credenciales feministas, para que haga más para proteger a las mujeres de abuso.
Luego de una reunión urgente el viernes, el Ministerio de Igualdad propuso apoyo de vivienda e ingresos para las víctimas de abuso, pero dijo que no había necesidad de endurecer una ley que ha permitido que algunos agresores sexuales revisen y reduzcan sus sentencias.
«Tenemos que ser capaces no solamente de que esos servicios de atención integral especializada y protección a las mujeres víctimas estén disponibles, sino de que busquemos la manera de llegada eficaz a las víctimas para que no haya la necesidad de que hagan largos trámites burocráticos”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero.
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En lo que va de año, al menos seis mujeres han sido asesinadas —presuntamente por sus parejas actuales o exparejas_, según los últimos registros de la oficina del gobierno contra la violencia de género.
Tras estudiar estos casos, el Ministerio de Igualdad constató que algunas de las víctimas habían estado viviendo con sus presuntos asesinos por cuestiones económicas. Montero dijo que planeaba brindar servicios de vivienda y un ingreso vinculado al salario mínimo a mujeres que habían sufrido violencia y seguían siendo vulnerables.
La propuesta requiere la aprobación del gabinete, pero Montero dijo que muestra la voluntad del gobierno de mejorar lo que llamó un sistema que de antemano funciona muy bien contra la violencia de género.
Datos oficiales muestran que al menos 1.188 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas masculinas desde 2003, cuando el país fue pionero en el conteo de casos de feminicidios.
Las estadísticas muestran un leve declive en el número de asesinatos anuales desde el 2000.
