Entre abril y el 13 de agosto se han realizado casi 27.850 actuaciones de la Inspección de Trabajo para controlar que las condiciones de la aplicación de los Ertes por parte de las empresas se ajusta a la legalidad, según adelantan a eE fuentes del Ministerio de Trabajo. Dado que las empresas a las que se ha aprobado un Erte rondan las 530.000, el porcentaje de sociedades sobre las que ha actuado la Inspección es del 5,25% del total. No obstante, estas fuentes no han precisado cuántas de estas actuaciones han terminado en acta de infracción, pues el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene previsto presentar un balance completo más adelante.
El 1 de julio, el Ministerio de Trabajo anunció una campaña de detección de fraude en Erte con el fin de asegurar «un uso responsable de los recursos públicos». Sin embargo, en aquella ocasión explicaron que la campaña «ya» se había activado.
Dado que las 28.750 actuaciones se han hecho entre «abril y el 13 de agosto», muchas de ellas ya se habían acometido antes del 1 de julio, incluso durante el confinamiento, aunque en este caso, han sido requerimientos pues no hubo visitas.
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Varias son las causas de posibles fraudes que investigan los inspectores. Por un lado, posibles infracciones cometidas a la hora de solicitar la aprobación de un Erte a las distintas Administraciones laborales, bien autonómicas o bien la estatal, mayoritariamente en el mes de abril, aunque también en la última quincena de marzo y mayo. Por otro lado, las infracciones que se están produciendo desde mayo por parte de las empresas en la comunicación de los trabajadores que se están reincorporando a sus puestos.
Las irregularidades en la presentación de los expedientes se producen en la inclusión de trabajadores «ficticios» que realmente no estaban empleados en la empresa a inicio de la pandemia, pero que tras presentar un contrato en el Sepe acceden al cobro de la prestación. Es la misma operación que se llevó a cabo en el caso de los ERE de Andalucía. Según el diario Público, a principios de junio la Inspección había investigado a 21.069 empresas ante la sospecha de que hubiesen incurrido en este fraude.
En este caso, la inspección actuó bajo la petición de las autoridades laborales y el Sepe ante la detección de que ciertas empresas que habían presentado un Erte, habían contratado personal una vez declarado el estado de alarma.
A partir de junio
Además de estos casos, a inicios de junio se abrieron otras 20.400 actuaciones de oficio en las que podía haber o no fraude, según el mismo diario. En este caso, se analizan no solo las posibles irregularidades cometidas en la presentación de los listados de trabajadores, sino la vuelta a los puestos de trabajo de las plantillas en Erte. Por tanto, en dos mes y medio (junio, julio y al 13 de agosto) el número de actuaciones ha crecido en algo más de 7.500, es decir, un aumento del 37%.
Sin precisar datos, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, explicó el 3 de agosto que entre las posibles irregularidades que estaba investigando la Inspección de Trabajo se encontraban la vuelta al trabajo de empleados que no se habían dado de baja del Erte, la realización de horas extra de los que ya estaban trabajando cuando todavía quedaban compañeros en el Erte e, incluso, la contratación de empresas auxiliares a pesar de haber plantilla en Erte.
En el acuerdo firmado el 26 de junio entre el Gobierno y los agentes sociales para la ampliación de los Ertes a finales de septiembre, se prohibió expresamente que las empresas pudiesen contratar empresas de externalización o abonar horas extra a los trabajadores en activo mientras hubiese empleados cobrando del Sepe por Erte.
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Las 28.750 actuaciones extraordinarias de la Inspección desde el inicio de la pandemia en busca de fraude en los Ertes son un pequeño porcentaje de las actuaciones que suele desarrollar la Inspección durante todo un año. Según la última Memoria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a 2018, las ordenes de servicio finalizadas fueron 527.228. En porcentaje, las acciones por los Ertes apenas suponen el 5%, aunque bien es cierto, que hablamos de cuatro meses y medio, frente al año 2018.
En cualquier caso, es difícil establecer una comparación entre 2020 y el año 2018, pues el confinamiento, y el consiguiente cierre de muchas empresas, han incidido en la labor de la Inspección de Trabajo que durante dos meses y medio no ha podido realizar visitas, solo requerimientos telemáticos. En total de 2018 realizó 266.720 visitas.