El encarecimiento de la vida, ante la evolución creciente de los costes energéticos y la alarmante inflación de los últimos meses, está golpeando fuertemente a los hogares españoles más vulnerables, muchos de ellos sin haberse recuperado de los efectos de la crisis de la pandemia. Las cifras hablan por sí solas: seis millones de familias en el país -el 31,5 por ciento- no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas y se han visto obligadas a reducir los consumos de electricidad o alimentación, e incluso a dejar de comprar algunos medicamentos.
Son datos del informe El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo, presentado ayer por Cáritas y la Fundación Foessa, en el que elaboran un sistema de medición de la pobreza a través de una cesta básica de bienes (vivienda, alimentación, suministros, ropa, ocio) y servicios (cuidado de menores de edad y dependientes, transporte, educación) para calcular el presupuesto mínimo necesario para una vida digna.
La metodología señala como «asfixiante» la realidad de tres de cada 10 hogares, que cuentan con menos del 85 por ciento de ese fondo de referencia. Sería el caso, por ejemplo, de una pareja con dos adolescentes que residen en Madrid y que no cuenta con 2.900 euros al mes. También se incluiría en esa situación, un hogar monoparental con dos niños menores de 12 años que contara con menos de 2.200 euros en San Sebastián o 1.300 euros en Ciudad Real.
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Si antes de la crisis de la inflación, las familias con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban 61 euros de cada 100 a vivienda, alimentación y transportes, al terminar el año estarán dedicando 80, una cifra incluso superior en caso de vivir con menos de 1.000 euros. «Todos nos hemos empobrecido como consumidores y tendremos menos dinero para otras cosas, pero ese 31,5 por ciento son muchas familias y no pueden asumir las condiciones básicas», explicó Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.
Ante este escenario, siete de cada 10 hogares vulnerables han renunciado o han reducido gastos en ropa y calzado y casi la mitad recortado el presupuesto en alimentación (tres millones de hogares). Además, el 60 por ciento ha disminuido el consumo de electricidad, agua o calefacción. Por ello, Cáritas considera necesario que las políticas aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más sufren, pero también perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo.
