ERC no hablará con el Gobierno de los PGE si no hay avances en la reforma del delito de sedición. Esta es la condición que ha esgrimido el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien advierte que su partido no entrará a negociar con el Ejecutivo los Presupuestos Generales del Estado para 2023 si no se dan pasos para «poner justicia donde hay injusticia», dando a entender que no lo harán si no hay avances en el compromiso alcanzado con el Ejecutivo de «desjudicialización» del conflicto catalán.
«El PSOE y también Unidas Podemos, por qué no decirlo, ya que a veces se ponen de perfil, saben perfectamente lo que ERC plantea antes de empezar a hablar del contenido de los Presupuestos«, ha comentado en rueda de prensa después de una pregunta sobre si su partido pone como condición para negociar un acuerdo sobre la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘ley mordaza’. Rufián ha dejado claro que, para que ERC apoye las cuentas públicas, éstas tendrán que tener un contenido «eminentemente social», pero ha incidido en que para esa negociación previa se deben abordar antes las demandas que su formación ha puesto sobre la mesa.
«Si incumplen, será difícil hablar»
El portavoz de la formación independentista ha evitado dar detalles sobre sus peticiones previas. «No vamos a verbalizarlo por respeto a las negociaciones», ha dicho, añadiendo que hacerlo podría utilizarse como la «gran excusa» para no abordarlas. «Se trataría de poner justicia donde hay injusticia», se ha limitado a apuntar, recalcando que los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición «saben perfectamente lo que tienen que hacer». «Si incumplen será muy difícil empezar a hablar de Presupuestos», ha apostillado.
El Gobierno central y el catalán acordaron a finales de julio, en el marco de la mesa de diálogo sobre Cataluña, impulsar reformas legislativas para «superar la judicialización» del conflicto político y también sus «efectos» y manifestaron su voluntad de que éstas puedan ser aprobadas antes de final de año.
La bautizada como ‘agenda antirepresiva’ o de «desjudicialización» pretende evitar más procesos judiciales por el referéndum de 2017 y las posteriores movilizaciones independentistas, y una de las herramientas que se ha mencionado sería la reforma del delito de sedición, que fue el utilizado por el Supremo para imponer las principales condenas en la sentencia del ‘procès’. Modificar el tratamiento penal de ese delito y precisar los supuestos ilícitos en línea con otros países de la Unión Europea podría ayudar a cerrar sumarios abiertos e incluso facilitaría la vuelta de los políticos independentistas que huyeron de la justicia española.
Esta reforma estaba encima de la mesa el pasado mes de julio, en la última reunión de las delegaciones del Gobierno y el Govern, pero desde el PSOE se ha venido diciendo que no hay mayoría suficiente en el congreso para sacarla adelante. Así lo sentenció el presidente Pedro Sánchez en una rueda de prensa del pasado mes de agosto.