plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno busca reducir rápidamente el consumo de energía. España se ha comprometido con Bruselas a reducir el consumo de gas un 7% este invierno. No obstante, desde la próxima semana, todos deberemos empezar a contribuir. Se impondrá multas y sanciones para los que no cumplan la normativa, aunque también habrá excepciones. Por ejemplo, hospitales, centros educativos y peluquerías, no estarán obligados a limitar la temperatura de los aires acondicionados ni de las calefacciones en invierno.
El objetivo, según Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, es «amortiguar el coste de las consecuencias económicas de la guerra». Para ello, se pretende hacerlo regulando la temperatura de oficinas, tiendas, bares y restaurantes, supermercados, teatros y cine, y estaciones. Por otro lado, los edificios públicos deberán apagar sus luces cuando no se estén usando. «Lo que sería enormemente triste es si nos quedáramos sin nuestro confort y sin nuestros hogares. Vamos a tener una ciudad alegre y bonita», asegura la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.
Se fomentará el uso de transporte público. Para ello, a partir de septiembre algunos trenes de cercanías pasarán a ser gratuitos. Las condiciones son ser un usuario recurrente y pagar una fianza de hasta 20 euros. Por otro lado, se deberá facilitar el teletrabajo y apostar por el autoconsumo.
Aquellos que no cumplan con la norma, tendrán que hacer frente a multas de hasta 60.000 euros si acometen una infracción considerada leve. Las graves ascenderían a seis millones de euros mientras que las «muy graves» podrían llegar a los cien millones de euros, aunque desde el Ministerio matizan que los supuestos del nuevo plan de ahorro energético entrarían dentro de las consideradas como leves. «Los procedimientos sancionadores siempre se aplicarían bajo un principio de proporcionalidad», aseguran, indicando que son las comunidades autónomas las que deben vigilar y aplicar las sanciones según el incumplimiento.
Las excepciones que aplica las medidas energéticas
Desde el Gobierno matizan que habrá excepciones en centros de trabajo «donde por razones justificadas se necesite acomodar este criterio a una orientación más laxa», ya que se deben respetar los derechos de salud de los trabajadores, y a los que exigen una temperatura necesaria. Además, quedan también excluidos de la norma centros de formación (colegios, universidades, guarderías, etc.) junto a centros sanitarios, peluquerías, gimnasios, medios de transporte (trenes, aviones, barcos…), lavanderías, peluquerías, hoteles (donde las habitaciones son de regulación privada, aunque sí aplica en espacios comunes).
Este paquete de medidas también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22:00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento. También que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22:00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas.
Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior. Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.
Las medidas también incluyen la exigencia de someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años. De esta forma, para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización, según precisó la titular del ramo.